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PRONADRI

 
 
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 1985-1988.- SÍNTESIS EJECUTIVA

(Versión abreviada, por Narciso Acevedo, 2011)

PODER EJECUTIVO FEDERAL
 
 

Índice

Presentación del C. Presidente de la República

1.- Marco Conceptual del Desarrollo Rural Integral

2.- Problemática del Desarrollo Rural

2.1 Aspectos Estructurales

2.2 Aspectos Coyunturales

3.- Objetivos del Desarrollo Rural Integral

3.1 Propósito Fundamental

3.2 Objetivos Generales

3.3 Objetivos Específicos

4.- Estrategia del Desarrollo Rural Integral

4.1 Disponibilidad y Acceso a los Servicios Básicos

4.2 Reforma Agraria Integral

4.3 Reactivación Productiva

4.4 Participación de la Población

5.- Metas

5.1 Bienestar Social

5.2 Reforma Agraria Integral

5.3 Reactivación Productiva

5.4 Empleo e Ingreso

6.- Instrumentación de Acciones

6.1 Política de Gasto Público

6.2 Bienestar Social

6.3 Reforma Agraria

6.4 Producción Rural

6.5 Empleo e Ingreso

7.- Proyectos Estratégicos

7.1 Producción Agrícola

7.2 Producción Pecuaria

7.3 Producción Forestal

7.4 Agroindustrias

7.5 Investigación y Desarrollo Tecnológico

7.6 Tenencia de la Tierra

8.- Coordinación Intersectorial

8.1 Mecanismos e Instrumentos para la Coordinación Intersectorial

8.2 Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral

9.- Modernización Administrativa

9.1 Sector Agricultura y Recursos Hidráulicos

9.2 Sector Reforma Agraria

10.- Control y Evaluacion

 


                                                                                                                                Volver al índice
PRESENTACIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, el 1º de diciembre de 1982, promoví la reforma a los principios normativos del desarrollo económico y social de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reafirmar la rectoría del Estado en la conducción del desarrollo nacional, adoptando la planeación democrática como instrumento para garantizar que éste sea justo y armónico, y propiciar el desenvolvimiento integral y equilibrado de los individuos, grupos y regiones, en el marco de libertad e igualdad consagrado en el Proyecto Nacional plasmado en nuestra Ley Fundamental.

Dentro de estos propósitos, destacan las adiciones al Artículo 27, que confieren al Estado la responsabilidad de disponer las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, y para la promoción del desarrollo rural integral, no sólo como actos fundamentales de justicia social, sino como condición necesaria para elevar la calidad del desarrollo nacional, en congruencia con las demandas planteadas en la consulta popular, para avanzar hacia una sociedad igualitaria y democrática.

Con base en lo anterior, reitero el compromiso de mi gobierno de atender con la más alta prioridad, las necesidades alimentarias del pueblo de México, sobre bases de equidad con los productores rurales. No podemos permitir que el país caiga en una subordinación alimentaria que debilite la unidad de los mexicanos y ponga en peligro la independencia nacional.

Lograr la autosuficiencia en granos básicos y abatir los faltantes de otros alimentos prioritarios, es premisa básica y propósito fundamental, para evitar la vulnerabilidad alimentaria, en un contexto de incertidumbre mundial.

Para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, es necesario reducir la brecha entre la población rural y la urbana, en lo que respecta a los niveles de bienestar y participación.

El sector rural presenta serios rezagos en relación con otros sectores de la economía, especialmente en cuanto a niveles de salud, educación, vivienda, ingreso y consumo. Por ello, es indispensable revalorar su papel dentro de la estrategia de desarrollo y modernizar el aparato administrativo del Gobierno Federal, a efecto de atender integralmente al campo, reorganizar los apoyos a la producción y articular eficientemente las actividades agrícolas entre sí, y con los sectores industrial y comercial.

Por este motivo, en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 se definen las políticas de desarrollo rural integral y de reforma rural integral como pilares fundamentales de la estrategia de desarrollo nacional.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Planeación y en congruencia con los lineamientos de política postulados en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, se ha formulado el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 1985-1988, como una respuesta a las demandas de justicia social de los hombres del campo.

Este programa incorpora objetivos, estrategias y metas de mediano plazo en materia de bienestar social, Reforma Agraria Integral, producción agropecuaria y empleo e ingreso rural, así como las poiticas sectoriales de agua y de bosques y selvas.

Para su elaboración, se llevó a cabo un amplio proceso participativo, a fin de considerar los planteamientos de la población rural, expresado a través de las organizaciones campesinas en los foros de consulta popular, organizados en el transcurso de la campaña electoral e institucionalizados durante la presente Administración, así como las demandas que, de dichas organizaciones y de los gobiernos locales, se han presentado a través de los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo.

Por su enfoque integral, el Programa prevé la participación corresponsable de los diversos sectores y entidades de la Administración Pública Federal que actúan en el campo, en un esfuerzo de integración de sus respectivos programas y de definición de compromisos para conjugar y equilibrar acciones con el fin de aprovechar mejor los recursos. En este sentido, se define como un programa estratégico y multisectorial.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral postula como propósito fundamental, el mejoramiento del bienestar de la población rural y el incremento de los niveles de producción, empleo e ingreso, con base en una mayor participación de las comunidades rurales.

Para dar cumplimiento a este gran propósito nacional, el Programa define objetivos, metas, estrategias y acciones orientadas a incrementar la disponibilidad y acceso a los bienes y servicios básicos para el bienestar social, perfeccionar la reforma agraria integral, promover la reactivación productiva de las actividades rurales y fomentar la generación de empleos y el mejoramiento del ingreso.

Las prioridades fundamentales del Programa se dirigen a apoyar, de manera particular, a los trabajadores del campo, en su organización, capacitación y adiestramiento y mediante la generación de empleos complementarios y alternos, para que puedan elevar sus ingresos y estén en posibilidad de ubicarse adecuadamente, tanto en las diversas actividades primarias como en la transformación y comercialización de los productos.

Los productores minifundistas, cualquiera que sea su forma de tenencia, tendrán prioridad para las acciones asistenciales y de bienestar social en general. Los estímulos a sus actividades se basarán en el desarrollo de su organización social, para formar unidades productivas que permitan la introducción de actividades, técnicas y procesos más rentables, combinados con pequeñas explotaciones familiares que complementen su ingreso y consumo.

Como compromiso fundamental, se otorgará prioridad a la población asentada en las zonas de temporal, tomando en cuenta que en ellas se encuentran las mayores posibilidades de generar empleos e incrementar la productividad y producción de granos básicos. En consecuencia, los instrumentos de apoyo de que dispone el Estado se orientarán de manera sustantiva y armónica hacia esas zonas.

Además de impulsar la producción de alimentos básicos, se actuará con firmeza para eliminar el excesivo intermediarismo, especulación y desorganización en la comercialización y distribución de los productos, para lo cual habrán de unirse los esfuerzos de la sociedad en su conjunto.

Para contribuir al empleo y el desarrollo regional, en los pequeños núcleos de población, muy numerosos, dispersos y aislados y de difícil acceso, se proyecta desarrollar programas de acuacultura y pesca ribereña. Con ello se mejorará la dieta de los productores y se fincarán posibilidades concretas para una producción que abastezca el mercado y para actividades de transformación y comercialización de los alimentos pesqueros.

Sin un sector primario fuerte, no puede haber un verdadero cambio estructural del país. Para que haya producción en el campo, es necesario que exista seguridad y confianza.

Repartir la tierra disponible a los campesinos que carezcan de ella, es un elemental acto de justicia social. La reforma agraria no se limita al problema de la tenencia de la tierra; el desarrollo rural se sustenta en una mayor y más amplia organización y participación de la población en la solución de sus problemas.

Estamos conscientes de que lograr la justicia social en el campo es un objetivo nacional que exige la vigorosa y activa participación de los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, así como de las organizaciones de los sectores social y privado.

En la lucha por alcanzar la Sociedad Igualitaria, compromiso indeclinable de la Revolución, no se postergarán los esfuerzos para salvar la brecha entre los niveles de vida entre la ciudad y del campo. Mi gobierno pondrá el mayor empeño y encabezará a la Nación en ese propósito, que tiene profundas raíces en la historia y un significado incontrovertible para nuestro futuro.

MIGUEL DE LA MADRID H.

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México, D.F., abril 29, 1985.


                                                                                                                                Volver al índice
1. MARCO CONCEPTUAL DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Las reformas y adiciones al Artículo 25 de nuestra Constitución, aprobadas en diciembre de 1982 por el Congreso, reafirman las atribuciones y responsabilidades de rectoría del Estado en el desarrollo nacional, para garantizar que sea integral, fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad a individuos, grupos, y clases sociales.

Este precepto fundamenta el establecimiento de prioridades, dentro de la gama de actividades de interés general que corresponde al Estado regular y fomentar, con propósitos superiores de igualdad social.

En su Artículo 26, la Constitución señala la obligación del Estado de establecer un sistema de planeación democrática que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía.

En las adiciones al Artículo 27 Constitucional, en sus fracciones XIX y XX, se expresa la responsabilidad del Estado en materia de justicia agraria y desarrollo rural integral, concibiendo estos compromisos políticos como parte de un mismo proceso,cuyos componentes básicos: la distribución de la riqueza social y el crecimiento económico en el medio rural, conducen conjunta e integradamente, al bienestar social de la población campesina y a su mayor participación e incorporación al desarrollo nacional.

El desarrollo rural ha estado presente en las políticas de los gobiernos revolucionarios. El reparto de la tierra, como primer paso de este propósito, rompió con una estructura de propiedad a base de grandes haciendas, que frenaba el desarrollo y la democratización del país. La lucha de los campesinos por dignificar su existencia y cambiar sus condiciones de vida, ha sido pilar fundamental de la transformación económica y social del país.

Con la reforma agraria se creó la propiedad social, se multiplicaron las explotaciones orientadas a la producción, se incorporaron superficies al cultivo, se mejoró el ingreso campesino, se amplió el mercado interno y se crearon condiciones para la expansión de la industria y los servicios. Sin embargo, el crecimiento logrado no favoreció con equidad al sector rural, al generarse un proceso de subordinación de éste al sector urbano industrial.

La reforma agraria integral tiene cuatro propósitos básicos: continuar y culminar el reparto masivo, la regularización de la tenencia de la tierra, fortalecer al sector social rural, y avanzar en el proceso de organización de ejidos y comunidades.

El cabal cumplimiento del reparto de la tierra afectable en los términos legales y la regularización de su tenencia, siguen siendo demandas políticas esenciales de los campesinos y compromisos del Estado. No obstante, la experiencia histórica demuestra que el reparto de tierras por sí sólo, no conduce a alcanzar el desarrollo rural.

Mejorar las condiciones de vida de la población exige un esfuerzo adicional del Estado para lograr el Desarrollo Rural Integral, que consolida y fortalece el proceso de reforma agraria, articulando los recursos e instrumentos de disponibles, para modificar, a favor del campo, las relaciones políticas, sociales y económicas.

En la estrategia de desarrollo, expuesta en el Plan Nacional, el desarrollo rural integral es prioritario; su objetivo fundamental es el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población del campo, mediante la plena utilización de su fuerza de trabajo y de los recursos financieros y naturales disponibles.

El concepto rebasa los conceptos de crecimiento económico y bienestar social tradicionales, pues se sustenta en la planeación participativa, a través de la cual se incorporan las necesidades, aportaciones y soluciones de la población rural.

La problemática social del campo es compleja e interdependiente, por lo que debe atenderse integralmente. Las diversas situaciones que el proceso de desarrollo genera desde la base y al interior de cada comunidad, implica adoptar políticas y acciones flexibles, específicas y dinámicas, que reconozcan la heterogeneidad del medio rural, las necesidades por atender y la participación de la comunidad en el diseño, la ejecución de los programas y proyectos, y la evaluación de sus resultados.

La integralidad del desarrollo rural se entiende como la necesaria articulación de las políticas agraria, de producción agrícola y de bienestar social, respaldadas con la asignación adecuada del gasto público.

Su aplicación permitirá la explotación racional y complementaria de los recursos disponibles, la diversificación de actividades, la generación de empleo, la equitativa distribución del ingreso y el mejoramiento general de los niveles de alimentación, salud, educación y vivienda.

Como indica el Plan, la integralidad del desarrollo engloba los aspectos económicos sociales y políticos.

Los económicos, porque reclama una mayor participación para favorecer formas de organización social que aseguren mayor equidad en la distribución de la riqueza nacional.

Los sociales, porque requiere promover e impulsar la organización democrática y la participación de residentes, usuarios, consumidores, productores y, en general, de quienes compartan una actividad, un interés o una vocación para asegurar ámbitos de expresión de sus demandas; sólo con la voluntad de los interesados a través de su autodeterminación democrática, podrán desplegarse sus recursos para hacer viable el desarrollo.

Los políticos, porque precisa nuevas instancias de diálogo entre gobernantes y gobernados, para mantener abierta la expresión de los intereses de la sociedad; para ello, debe reconocerse que la organización es responsabilidad que deben atender los productores, con apoyo del Estado, pues su participación democrática y activa, valida los programas y garantiza la culminación de las acciones.

El impulso al desarrollo rural integral subraya la voluntad política de avanzar a la sociedad igualitaria, e implica una interdependencia dinámica entre los objetivos, programas y políticas económicas y sociales.

Al asegurar que el progreso tiene en sus sustentos una sociedad rural fuerte, sana y justa, el Plan señala cuatro principios para garantizar la permanencia de los esfuerzos del Estado:

-Afirmar la dignidad de los hombres del campo, consolidando el proceso histórico de la reforma agraria integral.

-Otorgar atención prioritaria a las necesidades básicas de la población.

-Reorientar y fortalecer la capacidad productiva del campo, de manera que se genere la base económica para un desarrollo social permanente, que permita alcanzar el propósito de soberanía alimentaria.

-Considerar la participación plena y democrática de la población rural, como esencia del desarrollo social que se pretende alcanzar.

Los objetivos y políticas sectoriales postulados en el Plan, tanto para la reforma Agraria Integral como para el Desarrollo Rural Integral, Agua, Bosques y Selvas, confluyen hacia la justicia agraria, a la soberanía alimentaria y al bienestar social y se sustentan en la conjunción de acciones multisectoriales, la organización de los productores, el desarrollo y apoyos a la producción en áreas de temporal, la generación de empleo e ingreso, el impulso al cambio tecnológico, la explotación racional de los recursos renovables y no renovables, la complementariedad de actividades productivas entre sí y con las de comercialización y transformación, y el mejoramiento de la balanza comercial.

Con base en estos elementos el Estado convoca a la Nación a cumplir el compromiso para la producción y para el bienestar social de la población rural, sobre el postulado de avanzar hacia una sociedad igualitaria.

De esta manera, retomando los compromisos y las realizaciones históricas de la reforma agraria y en congruencia con los mandatos constitucionales de desarrollo nacional, el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (PRONADRI) se fundamenta en dos conceptos básicos:

-La Reforma Agraria Integral, que en su sentido moderno es la suma de los esfuerzos concertados, democráticos y solidarios de pueblo y Gobierno, orientados a impulsar el fortalecimiento de la capacidad política y económica del sector social rural; culminar la distribución racional y justa de los recursos territoriales y naturales a los núcleos agrarios; consolidar las condiciones de seguridad, confianza y certidumbre de la propiedad y usufructo de la tierra consagrados en la Constitución, y propiciar la participación responsable y comprometida de los productores rurales que redunde en el bienestar, el empleo y el ingreso, para ellos, sus familias y la Nación, y

-El Desarrollo Rural Integral, que es un proceso dinámico y permanente de transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas prevalecientes en el medio rural, y de sus relaciones con el resto de la sociedad, para lograr el mejoramiento del bienestar de la población rural y la elevación de sus niveles de productividad, empleo e ingreso. Este proceso estará sustentado en la participación activa y organizada de la comunidad, y en la decisión política del Estado de cumplir con su función rectora del desarrollo, en un marco de acciones concertadas con los sectores de la sociedad.

Con base en lo establecido en el Artículo 2º Constitucional, el Desarrollo Rural Integral debe otorgar atención prioritaria a las necesidades básicas de la población rural y considerar su participación plena como la esencia del desarrollo social que se pretende alcanzar, así como reorientar la estructura productiva de modo que pueda otorgar la base económica para garantizar permanentemente el desarrollo en el campo y, a la vez, responder a las necesidades de provisión de alimentos y materias primas.


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2. PROBLEMÁTICA DEL DESARROLLO RURAL

La problemática del medio rural se analiza en tres niveles: en el primero se presentan de manera global los problemas estructurales del desarrollo rural, destacando las interrelaciones básicas internas y externas que les han dado origen; en el segundo, se tratan los aspectos de coyuntura, insertos en el contexto que los afecta, y su comportamiento en los últimos años y, en el tercero se desglosa la problemática específica de las variables económicas y sociales.

El diagnóstico considera como eje de atención a los productores rurales, las actividades que desempeñan, las condiciones en que las realizan y los resultados en empleo, ingreso y bienestar social en general, así como sus repercusiones en la balanza comercial.

En el tratamiento global y la problemática específica, se aprecian la diversidad analítica, la complejidad y las interrelaciones de los temas, que se agrupan en cuatro apartados: bienestar social rural, reforma agraria, actividades productivas y empleo e ingreso rural. Estos aspectos se convierten en elementos ordenadores de los objetivos, estrategias, metas y acciones del PRONADRI.

2.1.-Aspectos Estructurales. Al analizar las características  socioeconómicas que sustentan el desarrollo del país, se evidencian dos: el crecimiento urbano industrial y la subordinación del sector rural. La interrelación que históricamente se ha dado entre ambas ha caracterizado la orientación de nuestro desarrollo.

Como resultado de la adopción de una política de crecimiento económico que privilegió la expansión de la actividad industrial en  las últimas cuatro décadas, se conformó un modelo de desarrollo que subordinó a las demás actividades productivas y de servicios, y concentró los beneficios de los instrumentos del Estado. A la vez, se impulsaron medidas que sobreprotegieron a la industria interna, de la competencia externa.

Sobre esta base se creó una amplia y diversificada estructura productiva, se lograron avances significativos en diversos aspectos del bienestar social, y se propició un creciente proceso de urbanización.

Sin embargo, este proceso generó una estructura bipolar de dominación-subordinación, tanto en lo externo como en lo interno, que agravó los problemas de dependencia comercial, tecnológica y financiera, comprometiendo la seguridad y soberanía nacionales.

El fortalecimiento de los países desarrollados como exportadores de alimentos, se dio acompañado por el restablecimiento de una serie de acciones proteccionistas que restringían las exportaciones de los países subdesarrollados, y por el uso de sus excedentes como instrumento de presión sobre las naciones con dependencia alimentaria.

Esta combinación de factores económicos y políticos ha dado lugar a una articulación con el exterior, que no sólo se relaciona con la magnitud de los volúmenes de alimentos y materias primas necesarios para satisfacer nuestra demanda interna, sino con las formas en que el país se integró a la dinámica del mercado externo y la influencia que esto genera en la orientación y composición de su estructura productiva.

La vinculación de nuestra producción agropecuaria con el exterior, indujo modificaciones en el patrón de cultivos, e incluso en el uso del suelo, y condujo a una fuerte dependencia tecnológica, al imponernos modalidades productivas características de los países desarrollados, basadas en el uso de tecnologías intensivas en capital que segregan al campesino, y propician la desintegración de los sistemas productivos, al ubicar la producción de material genético e insumos, fuera de las fronteras nacionales.

La acción de los factores que determinaron el modelo de desarrollo nacional, conformaron un sector rural dependiente y rezagado que, a su interior, también presenta una estructura de dominación y marginación, que se expresa entre agentes sociales y entre regiones y actividades.

En el proceso de desarrollo nacional dirigido a la industrialización, las áreas rurales desempeñaron un activo y fundamental papel de apoyo a través de diversas vías.

Durante largo tiempo la producción rural presentó características  que hicieron suficiente la oferta de productos agropecuarios, permitiendo el abastecimiento fluído de materias primas de uso industrial y de alimentos para el mantenimiento de la fuerza de trabajo a bajo costo. El auge que hasta 1965 caracterizó a la producción, permitió al país cuadruplicar la producción total de bienes agrícolas y duplicar la producción por habitante.

En este período, el sector agropecuario fue capaz de contribuir de manera importante el balance de divisas, ya que el componente externo de la oferta de alimentos fue menor al 2%, en tanto que las exportaciones rurales significaban casi el 50% de las ventas externas del país, coadyuvando a financiar el déficit comercial del resto de los sectores.

El medio rural transfirió gran parte de sus excedentes a los sectores urbanos, convirtiéndose en fuente de acumulación del desarrollo industrial. Particularmente relevantes fueron las relaciones de precios desfavorables de manera persistente para los productos primarios, especialmente máíz y frijol, y las transferencias que se dieron por la vía fiscal, a través de los impuestos a la exportación y las que se generaron por medio del sistema financiero.

La falta de oportunidades de empleo adecuadamente remunerado en el campo, y la dinámica de los centros urbano-industriales, constituyeron al medio rural en proveedor permanente de mano de obra, mediante un acelerado movimiento migratorio.

Las contribuciones al desarrollo nacional fueron posibles por el rápido proceso de expansión del capital que se dio en algunas zonas del campo, con marcadas características modernizadoras,  fundamentado por la ampliación del intercambio internacional, y de los mercados internos asociados al dinamismo del proceso de industrialización.

La política agrícola se orientó a canalizar importantes volúmenes de recursos públicos para la realización de obras de infraestructura, especialmente hidroagrícola; propició la adopción de técnicas y procesos de producción avanzados, y fomentó las actividades de comercialización y transformación de productos agropecuarios.

Lo anterior era acorde con el modelo de desarrollo basado en la expansión industrial, a través del cual se pretendía lograr el crecimiento equilibrado de las actividades primarias, absorber productivamente la mano de obra rural expulsada por la modernización del campo, generar ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de consumo de la población y, bajo la influencia de la demanda incrementada, reproducir este esquema en forma ampliada.

Aunque el crecimiento se dio en el medio ruaral, estuvo lejos de ser equilibrado, a consecuencia de las distorsiones generadas en el proceso y que con el tiempo adquirieron carácter estructural. Los efectos positivos no se dieron en la magnitud y orientación esperada, lo que provocó desigualdades entre los sectores de actividad, los agentes productivos, los estratos sociales, las regiones, y las áreas urbanas y rurales.

La ampliación de las capas medias de la sociedad conformó una esfera de consumo intermedio de gran dinamismo, propiciando la emergencia de un proceso de agroindustrialización, que vinculó la demanda de los estratos de ingresos altos y medios de la población con el sector moderno de productores rurales, a través de una amplia gama de productos no básicos con un alto valor agregado.

La expansión agroindustrial es impulsada por transnacionales, que por ser unidades integradas y diversificadas, utilizan con ventaja las inversiones públicas, los apoyos fiscales y el proteccionismo, para controlar oligopólicamente este mercado, a través de una estrategia de innovación, diferenciación y penetración publicitaria que modifica los hábitos de consumo y les permite aprovechar de manera intensiva esta demanda.

En unos productos, la gran empresa agroindustrial refuerza su control sobre los productos primarios, mediante el financiamiento, la tecnología y mecanismos contractuales, destinados a asegurarse la materia prima. Esto resulta en una subordinación del sector, que distorsiona sus patrones de cultivo, las formas de organización para la producción y distribución, y limita la injerencia efectiva de los productores en la fase de procesamiento.

El crecimiento desproporcionado del sector comercial, se expresa en el campo, por un excesivo intermediarismo manifestado en altos márgenes de comercialización, con bajos precios a los productos primarios y elevados al consumidor final.

El acopio es afectado por el insuficiente desarrollo de los mercados regionales y la inadecuada infraestructura de almacenamiento y demás servicios, propiciando la proliferación de formas de intermediación ineficiente, altas mermas y pérdidas, así como procesos de concentración y monopolización en los mercados de destino.

La actividad comercial en el campo presenta la coexistencia de un gran número de pequeños comercios tradicionales que operan bajos volúmenes y precios generalmente superiores a los que rigen en las ciudades, donde un escaso número de grandes comercios ubicados preferentemente en zonas de alta densidad poblacional, orientan sus actividades a la población de ingresos altos y medios, lo que provoca gran heterogeneidad y concentración de las relaciones comerciales.

El desarrollo rural basado en procesos altamente concentradores de ingreso y capacidad productiva generó un grupo de empresarios comerciales desarrollados, y un estrato mayoritario de productores que permaneció al margen de la modernización, enfrentando un deterioro constante de sus condiciones económicas y sociales.

Los empresarios comerciales han logrado captar los mercados de exportación, y los mercados internos con demanda dinámica, mientras los productores de bajos ingresos atienden la mayor parte de la producción de granos básicos; baja productividad y contínuo deterioro de la estructura de sus precios, en relación a los bienes urbano-industriales, orillan a la población rural a la marginación y reducen las posibilidades materiales de su producción.

Entre las unidades productivas modernas del medio rural y las campesinas, existe una relación favorable a las primeras, impuesta por la expansión del capital. La economía campesina les aportó parte de sus recursos productivos y de sus limitados excedentes, en un proceso con una tendencia sostenida a convertir al productor marginado en jornalero o en productor de susbsistencia, lo que ha generado patrones de subordinación y dependencia, que producen ineficiencias en la explotación de los recursos disponibles.

Asimismo, surgieron y se consolidaron fenómenos sociopolíticos que acentúan la explotación del sector atrasado y obstaculizan su desarrollo productivo. Los cacicazgos y otras formas tradicionales de sujeción, actúan en este sentido, para no ver comprometido su poder e influencia, apoyados en muchas ocasiones, directa o indirectamente, por la acción estatal.

Los procesos económicos en el medio rural se caracterizan por la desvinculación entre las actividades primarias y de transformación, distribución y comercialización, y por la presencia de núcleos de control ajenos a los productores, que se apropian de los beneficios del esfuerzo campesino.

Las desfavorables relaciones sociales y de intercambio que enfrenta el medio rural en su articulación con los procesos urbano-industriales y el sector externo, han actuado también en contra de la organización e integración de las actividades productivas, al disociar la toma de decisiones, de los intereses de los productores primarios.

La exacción que somete la economía rural, e impide consolidar las bases de acumulación para el crecimiento autosostenido de las actividades primarias, y la pérdida de dinamismo de la inversión en el campo, están en el centro de la crisis que enfrenta el desarrollo rural.

El minifundismo, el rentismo y la insuficiencia de apoyos que resultan de una inadecuada organización de los productores, son los factores más importantes que determinan de las condiciones de atraso y pobreza en que se encuentra buena parte del sector rural.

La capacitación y adiestramiento de los productores son insuficientes y se centran casi exclusivamente en actividades de tipo técnico y en áreas productivas restringidas. La capacitación consiste en preparar a los productores para elevar la producción y para modernizarse con la introducción mecánica de técnicas desarrolladas en otros países, sin considerar las condiciones económicas y sociales en las que se encuentran insertos.

La investigación y el desarrollo tecnológico, se caracterizan más por su condición exógena, donde las oportunidades de detección e implantación de cambios han sido ejecutadas por agentes externos a la unidad productiva, y no por un proceso endógeno, donde las innovaciones se detecten y aprovechen en el seno de las unidades y sus organizaciones. La incorporación del conocimiento científico y tecnológico a las actividades productivas agropecuarias, silvícolas y agroindustriales, se ha establecido con escasa participación de los agentes económicos involucrados directamente, beneficiando principalmente a la agricultura empresarial.

Las distorsiones en el desarrollo de las actividades han llevado, en diversos grados, a depender de insumos tecnológicos producidos y monopolizados por corporaciones transnacionales. Dependencia que se ha dado a pesar de los esfuerzos por contrarrestarla, de parte del Estado, que se ha orientado principalmente a la agricultura, con menor atención a la ganadería y a la silvicultura, y prácticamente nula en el resto de las actividades del sector.

El desarrollo del campo, a pesar de los avances importantes de la Reforma Agraria, se ha visto obstaculizado por la indefinición de la estructura agraria, la irregularidad en la tenencia de la tierra y su gran demanda, lo que ha mantenido bajos niveles de producción y productividad, desempleo, aprovechamiento ineficiente e irregular de los recursos, y conflictos entre grupos campesinos.

En las últimas décadas, el deterioro ecológico se ha venido agudizando como resultado de la explotación irracional de los recursos naturales, la concentración urbana, el crecimiento de la población y los insuficientes programas de preservación.

El desperdicio de los recursos, su mala distribución, la falta de programas efectivos y de amplia cobertura, y la insuficiencia de obras de infraestructura, acentúan los problemas de desertificación, erosión, contaminación e inundaciones.

Como resultado del modelo de desarrollo, se hace evidente el inadecuado aprovechamiento de los factores productivos, los bajos niveles de productividad y producción de las actividades primarias, la incapacidad creciente para absorber productivamente la fuerza de trabajo rural, los niveles de ingreso que distan de satisfacer las necesidades mínimas de consumo, y en general, la marginación que, en términos del bienestar campesino, se expresa, entre otros aspectos, en graves deficiencias en educación, salud, vivienda y alimentación.

A partir de los sesenta se frenó el incremento de los precios de garantía y se buscó regular el mercado con importaciones, a fin de evitar una separación de los precios medios rurales respecto de los mínimos ofrecidos por el Estado.

Los esfuerzos para compensar el congelamiento de los precios de garantía y el deterioro de los precios reales agrícolas, fueron importantes: la inversión pública y los subsidios canalizados hacia la agricultura presentaron un acelerado crecimiento.

La ausencia de una estrategia integral para abordar la problemática estructural del medio rural, provocó que los recursos canalizados a la agricultura tuvieran efectos muy limitados sobre la reactivación de la producción.

Los mayores montos de inversión pública en irrigación, los subsidios a los distritos de riego, maquinaria y fertilizantes, y las tasas preferenciales de crédito, beneficiaron fundamentalmente a la agricultura empresarial; en cambio, la mayoría de los productores de temporal, estuvieron al margen de esos estímulos.

A diferencia de las profundas variaciones que presentaron los precios agrícolas, los de los productos pecuarios habían tenido un comportamiento regular desde los años cincuentas hasta 1979. En este período, las variaciones del índice pecuario, respecto a las del índice general se conservaron en un rango de 8%; y a partir de entonces, presentan un comportamiento errático.

Los precios de la producción silvícola, agroindustrial y acuícola, influyen menos que los agropecuarios en los precios rurales y son menos susceptibles de regulación, en el marco de una estrategia de desarrollo rural. Debe destacarse que el impacto de la inflación de los últimos años también provocó una caída en los precios reales de los productos silvícolas y agroindustriales. A pesar de su menor peso relativo, son de importancia estratégica por su incidencia en la producción rural y en el empleo.

El efecto directo de los menores precios al productor ha agravado la contracción de la inversión privada y social en el medio rural, la descapitalización del sector agropecuario y el desempleo.

La creciente inversión pública ha sido insuficiente para reactivar la producción rural. La inversión privada se ha concentrado en la mecanización tendiente a la búsqueda de mayor productividad, y al ahorro de mano de obra.

El sector rural ha sido fundamental en la conformación del México de hoy. Actualmente, su desempeño se encuentra muy deteriorado, y se requiere un profundo replanteamiento de su interrelación con el resto de la sociedad. Por principio de justicia social, el sector rural, que concentra las mayores potencialidades, debe convertirse en la base del cambio estructural.

2.2 Aspectos Coyunturales.- El campo no es ajeno a la crisis que se presentó a partir de 1982, ésta se combinó con los desequilibrios estructurales del sector, acentuando las condiciones generales de rezago, pobreza y desnutrición, que lo caracterizan.

La disminución real de los precios agrícolas y pecuarios, que se agudiza entre 1981-1982, los menores recursos públicos, la caída en la demanda de ciertos productos agropecuarios y forestales, y sobre todo, la falta de oportunidades de trabajo, son los problemas coyunturales más graves que enfrenta el sector rural.

Se ha registrado un deterioro creciente del ingreso y los niveles de bienestar de la mayoría de la población rural. En lo que se refiere a nutrición, se estima que entre 1982 y 1984, se redujo la ingesta de calorías y proteínas en casi un 18%.

En 1983, el producto interno bruto del sector agropecuario creció en 3.4% respecto al año anterior, comportamiento que adquiere singular relevancia ante la situación enfrentada por el país. Esta tasa se logró después de un largo período de estancamiento, sobre todo en el subsector agrícola.

El incremento que reportó la producción agropecuaria obedecio en lo fundamental al crecimiento del 4.8% en la producción agrícola, que a su vez se sustentó en importantes aumentos de la producción en granos básicos, después de una contracción global de 2.9% en 1982.

El aumento de la producción agrícola se relaciona principalmente con el crecimiento de los precios de garantía, que lograron atenuar el efecto inflacionario, la disponibilidad oportuna de agua en el segundo semestre, la eficiente asignación de los apoyos financieros operados y en consecuencia, la mayor superficie cosechada.

Los aumentos a los precios de garantía en 1983, impactaron la rentabilidad neta de los cultivos más importantes. El maíz se elevó de 8 850 pesos por tonelada a 19 200, un alza del 117%; el frijol subió a 33 mil pesos por tonelada, un incremento de 56%, mientras que el del trigo se incrementó en 163%, comportamiento que, sin embargo, no supera el nivel alcanzado en 1976 por estos precios.

La reducción del gasto público federal repercutió de una manera importante en la inversión agropecuaria, en 1983 se contrajo 8.6%, respecto al año anterior. Esto afectó programas de infraestructura para el desarrollo agrícola, aplazando la terminación de obras en los rubros de grande irrigación, rehabilitación, y captación y conducción de agua. No obstante, se concluyeron importantes proyectos hidráulicos que lograron incorporar al riego 102 mil ha, 14% por encima de las adicionadas en el año anterior; se rehabilitó y mejoró a 64 mil ha, en los distritos y unidades de riego, y se abrieron al cultivo 54 mil ha de temporal.

La superficie cosechada fue de cerca de 20 millones de ha, 22% más que en 1982, de las cuales el 77% correspondió a temporal.

El financiamiento aumentó en 60%, lo que aunado a la política de tasas de interés preferenciales para el sector, y a la operación más eficiente del crédito, permitió apoyar de manera importante el incremento en el producto agropecuario.

La producción pecuaria sólo creció en 2.3% en 1983, por la fuerte sequía padecida el primer semestre del año, la contracción de la demanda, la baja en los precios reales al productor y los aumentos en sus costos.

La sequía afectó a la ganadería extensiva de bovinos y ovicaprinos, y repercutió en la ganadería intensiva a través de la disminución de la producción de sorgo y soya, aumentando costos y necesidades de importación de estos insumos.

La contracción del producto nacional en 1982-1983 se tradujo en menores ingresos por habitante, lo que determinó una reducción más que proporcional en la demanda de productos pecuarios. Por otra parte, la inflación generalizada que sufre la economía nacional elevó los precios de los insumos requeridos por la ganadería, y los costos de la comercialización y en consecuencia, los precios de los productos al consumidor.

La producción forestal maderable tuvo una tendencia decreciente en los últimos años, destacando los rubros de celulósicos, postes y trocería para triplay. La producción de no maderables ha registrado una recuperación significativa, como resultado del crecimiento de la demanda.

La balanza agropecuaria y forestal mantiene un saldo deficitario. En 1983, las exportaciones crecieron ligeramente, a 1 277 millones de dólares; ese año, destacaron el café y las hortalizas, así como los productos forestales que se incrementaron en 271%.

Las importaciones de granos, leche y celulosa, por 1806 millones de dólares, representaron una importante carga en la disponibilidad de divisas del país.

Aunque el crecimiento del producto agropecuario registrado en 1983 compensa la importante baja del año anterior, no significa aún una inflexión en la recesión del sector. Comparada la tasa de 1983 con la de 1981, sólo creció 1.8%, inferior al crecimiento demográfico y al de la población económicamente activa sectorial. A pesar de la presencia de elementos negativos en el sector, su comportamiento fue el más dinámico de las ramas de actividad económica, demostrando su potencialidad para convertirse en puntal de la recuperación.


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3. OBJETIVOS DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL

El propósito fundamental y los objetivos generales y específicos que se plantean en el PRONADRI 1985-1988, se sustentan en los principios básicos de justicia agraria, soberanía alimentaria y bienestar social, considerando la participación democrática y activa de la población para promover su incorporación plena al desarrollo económico y social del país.

Los planteamientos estratégicos de las políticas sectoriales de Reforma Agraria Integral, Agua y Bosques y Selvas, del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, concurren en la estrategia del desarrollo rural integral.

Las prioridades para el mediano plazo, buscan articular de manera congruente las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), en alimentación, salud, educación, vivienda, desarrollo urbano y ecología, comunicaciones y transportes, pesca, financiamiento, abasto y comercialización, fomento industrial, energía, capacitación y productividad, entre otras.

3.1 Propósito Fundamental.- Mejorar el bienestar social de la población del medio rural e incrementar los niveles de producción, empleo e ingreso, con base en la transformación de las estructuras económicas y sociales prevalecientes y sus relaciones de intercambio, y en su participación organizada y la plena utilización de los recursos naturales y financieros, con criterios sociales de eficiencia productiva, permanencia y equidad, fortaleciendo su integración con el resto de la Nación.

Lograr este propósito fundamental implica revertir la tendencia de marginación del campo para inducir su crecimiento equilibrado con el urbano; incrementar la producción y productividad; elevar los ingresos de los campesinos, y propiciar la retención de su excedente económico.

3.2 Objetivos Generales.-La elevación a rango constitucional del desarrollo rural integral, determina la obligación del Estado de articular los medios y condiciones imprescindibles para lograrlo, en un marco de acciones concertadas con los sectores de la sociedad.

El mejoramiento del bienestar social de la población rural, tendrá como base la transformación de las estructuras económicas y sociales prevalecientes y sus relaciones de intercambio.

Fortalecer la relación Estado-Campesinos, ampliando la participación de la población en las decisiones que impactan en su desarrollo y bienestar, a fin de lograr en el medio rural, el pleno goce de las garantías individuales y sociales, y avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Las acciones de reordenación económica y cambio estructural se interrelacionan para asegurar los objetivos generales y específicos del Programa.

De acuerdo con lo anterior y considerando la problemática del desarrollo rural, se han definido los siguientes objetivos generales.

3.2.1 Bienestar Social.-Mejorar los niveles de bienestar de la población rural en materia de alimentación, salud, educación y vivienda, con énfasis en comunidades que enfrenten condiciones críticas, para avanzar en la superación de los rezagos que limitan su desarrollo material, el aprovechamiento de las potencialidades de su población y su incorporación al desarrollo nacional.

3.2.2 Reforma Agraria Integral.-Garantizar la seguridad jurídica de las diversas formas de la tenencia en el campo; concluir el reparto de tierras legalmente afectables, y apoyar la organización agraria básica, a fin de propiciar la incorporación a la producción, de la totalidad de los predios explotables, el aprovechamiento social de los recursos naturales, y la transformación de los núcleos agrarios en unidades de desarrollo rural.

3.2.3 Producción.-Aumentar la producción y productividad de las actividades económicas y propiciar su integración bajo el control de los productores organizados, con base en la explotación óptima de los recursos naturales, para acrecentar la generación del excedente económico, acelerar la capitalización de las unidades productivas, asegurar la autosuficiencia en granos básicos, aumentar el abastecimiento de materias primas, mejorar la balanza comercial, y reducir la dependencia externa, dando prioridad a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios organizados dedicados a la producción de alimentos básicos y a los ubicados en áreas de temporal.

3.2.4 Empleo e Ingreso.-Incrementar el empleo y el ingreso de la población rural a través del fomento y consolidación de procesos económicos autosostenidos, para que los productores se conviertan en el factor de cambio que garantice el desarrollo social de las comunidades, con atención especial a la ampliación del tiempo productivo del campesino y su familia, y a la generación de empleos remunerativos para los trabajadores campesinos, repetando los derechos que establece la legislación.

3.3 Objetivos Específicos

3.3.1 Alimentación y Consumo.- Mejorar los niveles básicos de alimentación y nutrición de la población rural, para garantizar la ingesta mínima normativa en términos calóricos y proteínicos, con prioridad a la atención de la niñez y a madres gestantes y lactantes.

Elevar el consumo de bienes socialmente necesarios a precios accesibles, con preferencia a la población de áreas marginadas.

3.3.2 Salud.-Mejorar el nivel de salud de la población, procurando la cobertura total de los servicios del primer nivel de atención, con calidad básica homogénea, atendiendo los problemas prioritarios y los factores que causan y condicionan los daños a la salud.

3.3.3 Educación.- Mejorar la educación en las comunidades rurales, ampliando su cobertura y eficiencia, de acuerdo con los requerimientos regionales y características socioculturales.

Reducir el analfabetismo, y fortalecer la educación básica y la capacitación para adultos y grupos indígenas, orientándolos hacia la diversificación de las actividades productivas y el incremento de la productividad.

3.3.4 Vivienda.- Mejorar la vivienda rural, su equipamiento y el aprovechamiento productivo del solar familiar, de acuerdo a las características regionales y socioculturales, fomentando el uso de tecnologías apropiadas, sistemas de construcción y materiales locales, y la mano de obra de los beneficiarios.

3.3.5 Agua Potable y Alcantarillado.- Reducir su déficit en las comunidades rurales e inducir su participación en la construcción, mantenimiento y operación, atendiendo prioritariamente las áreas críticas.

3.3.6 Electrificación de Poblados.- Avanzar en la cobertura de poblados, con prioridad en los que concentren servicios básicos de bienestar social y de apoyo a la producción.

3.3.7 Reparto Agrario.-Repartir la tierra susceptible, proveniente de propiedades privadas que revasen los límites de Ley, las tierras ociosas, terrenos baldíos y nacionales, con posibilidadades de aprovechamiento agropecuario, fraccionamientos simulados y excedentes de concesiones de inafectabilidad ganadera vencidas.

3.3.8 Tenencia de la Tierra.- Dar seguridad jurídica a las diversas formas de tenencia, regularizando los derechos para su usufructo y propiedad.

Ordenar el proceso de cambio de la tenencia, para diferentes usos y destinos, regularizando y estableciendo las reservas territoriales que requiere el desarrollo urbano e industrial.

3.3.9 Organización Agraria.-Apoyarla y respetar su autonomía y formas de participación democrática campesina, para consolidar su estructura interna y su transformación en unidades de desarrollo rural, a fin de superar las limitaciones del minifundio, facilitar el suministro de insumos, servicios y apoyos institucionales, y promover el aprovechamiento integral de los recursos de los núcleos agrarios.

Incorporar los conocimientos y experiencias de los campesinos, para que participen como sujetos activos de su capacitación, lo cual fortalecerá su nivel de autogestión y consolidará sus procesos organizativos.

3.3.10 Producción Agrícola.- Alcanzar la autosuficiencia en granos básicos, coadyuvando a la soberanía alimentaria, objetivo primordial en materia de producción agrícola, y fortalecer la capacidad productiva de los campesinos en áreas de temporal.

Complementar la producción de oleaginosas, forrajes y materias primas, para reducir las importaciones, sin desalentar la siembra de hortalizas, frutales y otras plantaciones que generen empleo rural, ingreso y divisas.

3.3.11 Producción Pecuaria.- Subir la disponibilidad de proteínas, incrementando la producción primaria, de leche, huevo y carne de aves.

Impulsar la ganadería ovina y caprina en áreas de escasos recursos, y elevar la producción y productividad de la ganadería bovina, y apoyar la apicultura.

3.3.12 Producción Forestal.-Aprovechar integralmente el recurso, aumentando la oferta de bienes maderables y no maderables, a fin de consolidar la planta productiva, satisfacer la demanda interna, e incorporar a los dueños y poseedores a la actividad productiva, en forma que permita su explotación racional y la conservación.

3.3.13 Acuacultura y Pesca Ribereña.- Desarrollar esta actividad  aprovechando los cuerpos de agua naturales y artificiales, en forma integral, como medios complementarios de generación de empleo, ingreso y alimentación en las zonas rurales.

3.3.14 Industria Rural.- Integrar en forma creciente al productor, al beneficio, transformación y comercialización, y fortalecer su participación en la explotación de los recursos naturales, a fin de agregar valor a los productos agropecuarios y forestales, aumentar los ingresos del campo y absorber mano de obra excedente, dando prioridad a las acciones de clasificación, envase y empaque, a otros beneficios primarios, y al establecimiento de plantas productoras de insumos para la industria.

3.3.15 Comercialización y Distribución.- Asegurar el abasto de bienes socialmente necesarios e insumos, al medio rural, dando prioridad a zonas marginadas y reducir el intermediarismo, la especulación y el encarecimiento de los productos.

Contribuir a mejorar la balanza comercial vía la sustitución de importaciones y la exportación de productos agrícolas, pecuarios y forestales, que contengan mayor valor agregado.

3.3.16 Desarrollo Científico y Tecnológico.- Desarrollar y consolidar la investigación básica, aplicada y tecnológica del sector, para lograr mayores niveles de productividad y disminuir la dependencia externa, principalmente en materia alimentaria, dando prioridad a las áreas temporaleras.

3.3.17 Ecología.- Mejorar el equilibrio ecológico y la preservación del medio ambiente, a través del aprovechamiento racional de los recursos naturales, en base a la participación de las comunidades en las prácticas de reforestación, restitución de la cubierta vegetal y conservación del suelo y agua, para evitar su degradación y contaminación.

 3.3.18 Participación Social.- Ampliar y diversificar actividades en el medio rural, que generen empleo e ingreso, apoyando con  preferencia a las áreas de temporal.


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4. ESTRATEGIA DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL

La estrategia tiene como propósito mejorar el bienestar de la población del medio rural, fortaleciendo la democracia y el desarrollo con justicia social, la independencia y la soberanía nacional.

Asegurar el logro de este propósito, requiere la participación activa y conjunta de los agentes económicos y sociales involucrados. El Estado, las comunidades rurales, los productores y trabajadores del campo, y la población en general.

La estrategia tiene como premisas, la concertación de acciones entre los sectores público, social y privado; la descentralización y desconcentración de la Administración Pública Federal, y la integración de los procesos productivos con los de beneficio social.

De conformidad con los lineamientos de reordenación económica y cambio estructural, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia del desarrollo rural integral se orienta a evitar el deterioro del bienestar social rural; mantener la planta productiva del sector agropecuario en condiciones de actividad que aseguren la oferta de alimentos básicos y protejan el empleo en el campo; redefinir procesos productivos y revertir tendencias en las relaciones socioeconómicas; incrementar la formación de capital y modernizar e integrar las actividades productivas y, avanzar en la superación de las causas de los rezagos en el bienestar.

Con base en estas consideraciones, el PRONADRI se sustenta en cuatro lineamientos estratégicos: la disponibilidad y acceso a los bienes y servicios básicos para el bienestar social; la reforma agraria integral; la reactivación productiva de las actividades rurales, y la generación de empleo y mejoramiento del ingreso, que tienen como premisa básica la participación democrática de la población.

4.1 Disponibilidad y Acceso a los Servicios Básicos.- En materia de bienestar social, los lineamientos estratégicos se expresan en programas de infraestructura y servicios, destinados a elevar la calidad de vida en el ámbito rural, complementados con acciones de fomento económico.

Se plantea la necesidad de acelerar la ampliación y diversificación de los servicios básicos que proporciona el Estado, concertando acciones con comunidades y los gobiernos locales, para propiciar la concentración de la población en localidades integradas a los sistemas nacionales de infraestructura y servicios básicos asistenciales.

4.1.1 Alimentación, Distribución y Consumo.- Los problemas en estos rubros, que presente la población, se atenderán mediante el incremento de la disponibilidad de bienes básicos alimentarios con adecuado contenido nutricional y precio accesible, y el fomento de patrones de consumo que mejoren la calidad de la alimentación.

Destaca la acción de las instituciones públicas encargadas de la comercialización y distribución de bienes de consumo, para lo cual ampliarán la red de almacenes, el número de tiendas y la cantidad y tipos de productos que operan, dando preferencia a comunidades con problemas críticos de nutrición y fomentando la organización de la población, para el consumo.

Se ampliará la capacidad operativa de las entidades públicas distribuidoras en el medio rural y se impulsará el establecimiento de tiendas de participación comunitaria y almacenes rurales, los cuales, en su momento, se enajenarán a las comunidades, en condiciones preferenciales de pago.

Para fomentar mejores hábitos de consumo que enriquezcan el contenido nutricional de la dieta campesina se realizarán campañas de orientación nutricional y de difusión de hábitos de higiene en la preparación y conservación de alimentos, mismos que se llevarán a cabo a través de las instituciones de salud que operan en áreas rurales y orientados preferentemente a madres gestantes y lactantes y a los niños en edad escolar.

4.1.2 Salud.- En esta materia, la estrategia se orienta a ampliar la cobertura institucional de los servicios de atención de primer nivel en las zonas rurales no atendidas, instrumentando políticas para ampliar y racionalizar el uso de la infraestructura y modernizar las instituciones del sector.

Con el propósito de disminuir y contrarrestar la incidencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, se intensificarán las campañas preventivas en las áreas rurales, principalmente en las de mayor marginación.

4.1.3 Educación.- En esta materia, se dará especial atención a los apoyos a los núcleos de población rural e indígena, para lo cual se fortalecerán los servicios de educación preescolar, primaria y secundaria.

De igual forma, se mejorará la calidad de los servicios, mediante la adecuación de planes y programas, apoyos didácticos y acciones preventivas de la reprobación y deserción, y se fortalecerán las tareas de formación y capacitación del personal docente.

Se reforzarán los sistemas de alfabetización y la capacitación para adultos, buscando diversificar opciones que ofrezcan alternativas congruentes con sus necesidades, expectativas e interés. Asimismo, se intensificarán acciones para el desarrollo de culturas regionales, populares y de los grupos étnicos.

4.1.4 Vivienda y Servicios.-Las necesidades en estos rubros se atenderán con la acción del Sector Público y las comunidades, las cuales identificarán sus necesidades reales, sus posibilidades y las alternativas de solución en que acepten participar. A partir de ello, se definirán políticas que propicien la utilización de los recursos materiales disponibles en las regiones y tecnologías apropiadas, apoyando la autoconstrucción y la producción de materiales por parte de los interesados.

Para cumplir las tareas, se canalizarán recursos presupuestales y financieros, para la transformación gradual de las condiciones actuales, otorgando prioridad a las comunidades con algún grado de concentración, y que cuenten con una infraestructura básica proveedora de servicios.

Respecto a los servicios asociados a la vivienda, se ampliará la cobertura del de agua potable y alcantarillado con la participación activa de la población; se ampliará la red de distribución de energía eléctrica y se propiciará el uso de fuentes alternas de menor costo y con mayor posibilidad de acceso para las regiones del medio rural.

Dada la gran dispersión de la población, se seguirá aprovechando la flexibilidad y capacidad de acceso del transporte carretero y, con el fin de lograr una mayor integración de comunidades pesqueras y asentamientos ribereños y cercanos a costas, se apoyarán sistemas de transporte fluvial y marítimo de baja capacidad.

Se facilitará que los productores organizados cuenten con sistemas de transporte; se priorizará la conservación oportuna de caminos rurales para mantener y aprovechar la capacidad instalada, y se promoverá una distribución más equilibrada de los servicios de transporte entre las diferentes regiones del medio rural y el resto del país.

La estrategia plantea atenuar la gran dispersión de localidades y alcanzar un desarrollo urbano más equilibrado en el medio rural, impulsando el desarrollo de poblaciones de 2 500 a  15 000 habitantes, aptas para concentrar servicios básicos y que cuenten con ventajas de localización para las actividades agroecuarias, forestales y agroindustriales, principalmente.

4.2 Reforma Agraria Integral.-Este es un factor esencial para lograr el desarrollo del campo, a través del reparto de la tierra afectable, el otorgamiento de la seguridad jurídica de las diversas formas de tenencia, y la organización agraria.

4.2.1 Reparto Agrario.-En su sentido más amplio, no es sólo la acción de entregar la tierra, es una nueva estrategia que consiste en complementarlo con obras de infraestructura social y productiva, otorgamiento de créditos, asistencia técnica y abastecimiento de insumos y servicios.

En la nueva concepción, es compromiso realizar el reparto faltante, para concluir la dotación de tierra identificada como afectable, a la fecha.

Se fortalecerán las prácticas de solidaridad y democracia interna en los núcleos agrarios ya creados, y se fomentará su adopción en los núcleos a formarse, a fin de integrar unidades de desarrollo rural.

4.2.2 Regularización de la Tenencia de la Tierra.- Es condición previa para mantener la tranquilidad en el campo y asegurar, no sólo la producción agropecuaria y forestal, sino del total del sector rural. Abarcará todas las formas legales de tenencia.

Para atender las demandas de los campesinos, se atenderán los problemas agrarios conflictivos pendientes de solución, debido a problemas de carácter jurídico, económico, político y social.

La administración agraria se mantendrá sin rezago, incluyendo lo relativo a la investigación general de usufructo parcelario y la expedición de certificados de derechos agrarios de los titulares y de los sucesores designados, así como la vigilancia del oportuno cambio de autoridades ejidales y comunales.

Se pondrá especial atención a la incorporación de tierras ociosas, tanto privadas o ejidales, como terrenos nacionales.

4.2.3 Organización Agraria.- Constituye uno de los elementos catalizadores del desarrollo rural. Se impulsará la organización social básica con respeto a las formas y órganos de gobierno que las comunidades se han dado, evitando la fragmentación motivada, en gran medida, por las dependencias gubernamentales que actúan en el campo.

Las bases de esta estrategia son la participación campesina y la coordinación de las entidades públicas que intervienen en la organización, para impulsar la constitución y consolidación de auténticas unidades de desarrollo rural.

Se prevé la constitución de organizaciones superiores que agrupen unidades de desarrollo rural. Para ello se atenderá la organización de uniones de ejidos y comunidades, uniones de sociedades de producción rural y asociaciones rurales de interés colectivo.

Simultáneamente a la política de organización básica, se impulsará la capacitación agraria, para desarrollar en los núcleos agrarios, la capacidad para realizar las potencialidades de la estructura agraria.

De acuerdo a las bases generales para la organización económica de los productores rurales, la Secretaría de la Reforma Agraria será la responsable de normar y promover la organización agraria básica en ejidos y comunidades, a través de la regularización de la tenencia, registros, cambios de autoridades, reglamentos internos, asambleas de balance y programación e integración de los núcleos agrarios en unidades de desarrollo rural.

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos atenderá la organización y capacitación económica del productor; coordinará la asistencia técnica para la producción, industrialización y comercialización, en aspectos productivos, y de administración y dirección; proporcionará asesoría técnica y orientación de apoyos financieros, crediticios y otros, en base a los programas, políticas y técnicas de producción que determine.

4.3 Reactivación Productiva.-Este lineamiemto tiene como eje la consecución de la soberanía alimentaria, el empleo y el ingreso. En su torno, se define la política que combina las acciones orientadas a la reordenación económica, con el cambio estructural. Para ello, se distinguen cuatro vertientes: la orientación de los factores que determinan la dinámica del proceso productivo; los elementos en que se fundamenta el desarrollo del medio rural; los instrumentos operativos en que se apoya el fomento a la reactivación productiva, y la operación institucional a través de la cual se impulsará.

4.3.1 Dinámica del Proceso.-En este rubro, se consideran cuatro elementos: la modificación de los términos de intercambio que enfrentan los productores; la inducción del cambio tecnológico para incrementar producción y productividad; la integración de las actividades como medio de agregación de valor a los productos rurales, y la formación de capital como base del desarrollo rural.

Para revertir los términos de intercambio a favor del medio rural y a las regiones de mayor deterioro económico, se modificarán las relaciones económicas, propiciando la integración eficaz de los instrumentos que agregan mayor valor a los productos rurales, en relación con sus costos de producción.

El gasto público se aplicará selectivamente en infraestructura productiva y social; los subsidios serán transparentes, temporales y condicionados a metas y objetivos del desarrollo rural integral; las políticas fiscal y tributaria, buscarán promover la modernización y capitalización, la organización, la eficiencia productiva, y el desarrollo de la producción, transformación y comercialización; la ampliación de apoyos financieros preferenciales se encauzará a estimular procesos productivos de alimentos básicos y a propiciar la capitalización del medio rural; la estructura de los precios de garantía responderá a las prioridades definidas en este programa.

Para propiciar el cambio tecnológico se inducirán nuevos procesos y adecuarán los actuales, encauzando el óptimo aprovechamiento de los factores de la producción y aumentando la generación de productos alimenticios básicos. Para disminuir la dependencia con el exterior, se desarrollará la investigación científica y tecnológica y se dará capacitación y asistencia a los productores en la adopción de técnicas adecuadas a sus condiciones sociales y de producción, con la premisa de evitar la pérdida de su control del proceso.

En la inducción del cambio tecnológico tendrán preferencia los productores de bajos ingresos dedicados a la producción de alimentos básicos en áreas de temporal; para ello, además de los servicios institucionales, se compartirán los riesgos implícitos en su adopción.

Para integrar las actividades productivas primarias entre sí y con la comercialización, transformación industrial y distribución, se promoverá el establecimiento de agroindustrias, con procesos susceptibles de operarse con eficiencia por los productores y sus familias, y la organización y la infraestructura de almacenamiento, transportación y regulación administrativa.

En la transformación, se usará la demanda del Sector Público para orientar su poder de compra, apoyando a las agroindustrias que presentan grados crecientes de integración.

En la formación de capital, se impulsará su crecimiento a un ritmo superior a las necesidades mínimas de reposición y mantenimiento de la infraestructura, maquinaria y equipamiento. La inversión pública se orientará a establecer sistemas de pequeña irrigación y obras de drenaje para evitar inundaciones en áreas productivas, con trato preferencial a inversiones en infraestructura, a nivel de unidad productiva, en el caso de los productores de bajos ingresos.

Se atenderá el desarrollo, rehabilitación y operación de distritos de riego, con sustento cada vez mayor en recursos de los productores. Se procurará la rentabilidad de las actividades productivas y la regularización de la tenencia de la tierra, como estímulos a la inversión privada y social en infraestructura.

4.3.2 Elementos del Proceso.- Conforme a la estrategia de cambio estructural, la reactivación productiva se impulsará desarrollando gradualmente los elementos del proceso: productores, actividades, productos y recursos. Su adecuada interrelación proporcionará la base para corregir y dinamizar los procesos productivos.

Conciliar los objetivos de bienestar social, empleo, ingreso y soberanía alimentaria, implica dar trato preferencial a productores de bajos ingresos. Los productores de medianos y altos ingresos que produzcan alimentos básicos, podrán ser beneficiarios del esquema general de estímulos e incentivos, diferencialmente.

Se apoyará a trabajadores del campo en organización, capacitación y adiestramiento, y generando empleos complementarios y alternos para elevar sus ingresos.

Los minifundistas tendrán prioridad en acciones asistenciales y de bienestar social en general. El estímulo a su actividad productiva, se basará en el desarrollo de su organización social, que permita el acceso preferencial a los apoyos institucionales.

El fomento a la actividad agrícola se orienta a cultivos destinados al consumo alimentario básico, sin descuidar la sustitución de importaciones y a los productos generadores de divisas.

La producción de maíz se impulsará ampliando estímulos y apoyos financieros, insumos, asistencia técnica y con el crecimiento de la superficie, para aumentar su producción y productividad y alcanzar su autosuficiencia. Se cuidará el equilibrio con la producción de sorgo, a fin de evitar la sustitución de áreas, en detrimento del maíz y su desvío hacia el consumo animal.

Se fomentará el cultivo del frijol con programas integrales de apoyo, para elevar sus rendimientos y mantener su autosuficiencia.

Para conservar la autosuficiencia en trigo, se propiciará su cultivo en áreas de temporal y se continuará con la política de estímulos y de precios de garantía adecuados.

Para lograr la autosuficiencia en arroz, se regulará la siembra en riego y se rearán condiciones para su cultivo en temporal. Se darán apoyos y estímulos, intensificando la investigación, organización de los productores y asistencia técnica.

Se impulsará la producción de oleaginosas, en especial copra, soya, cártamo, ajonjolí y girasol, lo que permitirá reducir importaciones.

La producción de sorgo se fomentará, condicionando su avance al logro de la autosuficiencia en maíz.

Se acelerará el fomento al cultivo de frutales en zonas de temporal, a nivel comunitario y familiar, y la producción de hortalizas para el consumo interno.

Se impulsará la producción de caña de azúcar para conservar la autosuficiencia, con incrementos en productividad y precios.

En forrajes, se intensificará la investigación y el desarrollo de variedades arbustivas resistentes a las sequías y se orientará el establecimiento de praderas forrajeras, en zonas que no tengan vocación para granos básicos.

Se inducirán tecnologías adecuadas, para el aprovechamiento integral de la producción agrícola, principalmente en lo referente al uso de esquilmos para la alimentación animal.

En desarrollo de la actividad pecuaria, la estrategia consiste en mejorar el aprovechamiento de los abundantes recursos naturales y aumentar la disponibilidad de proteína de origen animal, ahorrando granos útiles para el consumo humano y regulando la expansión de las actividades que han venido demandando crecientes volúmenes de granos y pastas oleaginosas.

Mediante asistencia técnica y apoyos y estímulos del Estado, se inducirán mejores sistemas de explotación para lograr incrementar los rendimientos por unidad animal, priorizando la producción de leche, huevo y carne de ave y de ganado ovino, caprino, bovino y porcino, en ese orden.

La promoción de producción de leche priorizará sistemas basados en el aprovechamiento de praderas naturales, e inducidas en el temporal, que presenten potencial; se fomentará la producción de huevo y carne con mejoras tecnológicas en las explotaciones de tamaño medio; se apoyará la ganadería de ovinos y caprinos, que puede desarrollarse en zonas de escasa dotación de recursos.

Los estímulos a la producción bovina de carne se orientarán a propiciar un mayor aprovechamiento de los agostaderos, en particular los subutilizados en ejidos, y a promover praderas en zonas de temporal no aptas para granos básicos.

Se aumentará la productividad de las explotaciones promoviendo cambios en alimentación animal con praderas mejoradas, con la fertilización de las existentes, el tratamiento de esquilmos agrícolas e industriales, y de cultivos forrajeros no tradicionales.

Se impulsará la ganadería de doble propósito y semiestabulada, en el trópico, para propiciar el mejoramiento de la productividad del ganado bovino de leche y carne.

Se promoverán programas comunitarios de producción de especies menores entre los productores de bajos ingresos.

En la actividad forestal se establecerán programas de protección del recurso cuidando que los índices de extracción sean adecuados para preservar el equilibrio ecológico. Se explotarán integralmente las especies forestales cuidando el uso selectivo de las que tengan un mayor valor comercial.

Se apoyará el aprovechamiento forestal que genere mayor valor agregado, evite desperdicios y permita el aprovechamiento integral del recurso.

Se fortalecerá la actuación de las organizaciones de productores ejidales y comunales; se considerará la participación activa de los propietarios del bosque en el manejo de las explotaciones y en los beneficios, evitando la práctica de la venta del árbol en pie.

Se realizarán programas en zonas áridas y semiáridas para contener su deterioro, controlando las autorizaciones para aprovechamiento de los recursos, en función de su potencialidad, restringiéndolo en los casos en que se ponga en peligro el equilibrio ecológico.

Se desarrollarán programas en el sur y sureste del país, para que el aprovechamiento de las selvas sea integral y con alta participación del sector social; se impulsará la producción de celulosa, con base en el aprovechamiento del recurso y plantas modulares, ubicadas en las áreas de extracción.

Para desarrollar la acuacultura en todo el territorio, como medio complementario de generación de empleo, ingreso y alimentación en las zonas rurales, se promoverá el aprovechamiento integral de los recursos acuícolas locales a partir de la difusión de técnicas de producción que respondan a las características ecológicas y sociales de las comunidades, tomando en cuenta la experiencia y capacidad de los productores, en el uso y la explotación del medio.

En transformación de productos pesqueros, se intensificará el uso de tecnologías de baja inversión y que generen más empleos.

En producción acuícola se priorizarán, en orden de importancia, las especies de agua dulce: carpa, tilapia, trucha, bagre, pez blanco y especies nativas; en aguas salobres ostión, camarón y langostinos, y en la pesca ribereña, las especies de escama de consumo popular.

Se garantizará la producción pesquera en las presentaciones de fresco, congelado, ahumado y seco-salado, para satisfacer la demanda regional.

En comercialización, se ampliará y diversificará la red de acopio y distribución del Estado y se establecerá una red de distribución integral para agricultores, ganaderos y pescadores, con canales de comercialización incorporados al Sistema Nacional para el Abasto.

Para elevar el ingreso de los productores rurales, se promoverá el establecimiento de mecanismos y centros de comercialización, con apoyos crediticios preferenciales, capacitación y asistencia técnica.

Se apoyará a los productores organizados en el manejo, normas de control de calidad, envases y empaques adecuados a sus productos, para evitar mermas y pérdidas que reduzcan sus ingresos; se promoverá la integración vertical de la actividad comercial, para evitar el intermediarismo y proveer eficientemente de bienes de consumo básico a la comunidad rural.

La industrialización del campo y la integración de los productores a las actividades comerciales y de transporte, se inducirán a partir de la organización de los campesinos y pescadores, procurando la innovación tecnológica y el desarrollo de la capacidad de gestión de los beneficiarios.

Así, se priorizará la instalación de plantas agroindustriales, de los productores rurales organizados, y a los procesos que signifiquen una primera agregación de valor a los productos primarios.

Se promoverá la agroindustria integrada de mayores alcances y escala. Se asegurará el apoyo oportuno a las actividades de transformación en el medio rural, a través de infraestructura y servicios complementarios de comercialización, crédito, insumos, maquinaria, equipo e investigación y desarrollo tecnológico.

Complementariamente, se impulsará la industria rural extractiva y artesanal, para lo cual se establecerán canales de comercialización hacia el mercado nacional y de exportación.

Se procurará la ampliación de la cobertura del crédito preferencial a actividades agroindustriales, particularmente a productores del sector social, en zonas de temporal.

Las agroindustrias y las industrias rurales promovidas serán autosuficientes y rentables, apoyadas con asistencia y capacitación para la producción, abasto de materia prima, comercialización de los productos y en los aspectos técnico, administrativo, jurídico y financiero.

Se integrará y orientará el aprovechamiento de recursos naturales, con equilibrio entre disponibilidad, potencialidad, usos alternativos y niveles de explotación, en especial el uso y protección de los esenciales y estratégicos para el desarrollo rural integral: el agua, el suelo y los bosques.

El agua es elemento decisivo para el desarrollo económico y social del país; su adecuado aprovechamiento y preservación considerará el crecimiento de la demanda de centros urbanos y del medio rural, y sus usos alternativos, para que con criterios de racionalidad y de  optimización, se destine a las actividades productivas primarias e industriales, sin desatender su uso doméstico y la generación de energía eléctrica.

En servicio de agua potable, tanto urbano como rural, se diseñarán y ejecutarán obras para el abasto de ciudades medias y se reducirá la demanda urbana con programas sistemáticos de conservación y ahorro. Se incrementará sustancialmente el servicio en el medio rural, mediante programas que propicien el autoabastecimiento.

En la prevención de la contaminación, se llevará a cabo un amplio control de efluentes para disminuir la descarga de contaminantes y se propiciará el tratamiento de aguas residuales.

En uso actual y potencial del suelo, se reorientarán actividades productivas, se desarrollará el potencial productivo que ofrezca las mejores condiciones para impulsar las actividades agropecuarias, y para fortalecer las tareas de conservación del recurso.

El incremento de la frontera agrícola se propiciará con la acción directa del Estado, en obras de infraestructura orientadas hacia las regiones que presenten mayor factibilidad para la incorporación inmediata de tierras a las actividades productivas.

La conservación del suelo es prioritaria, por lo que se propiciará la participación de los productores y se les otorgará asistencia técnica para que adopten prácticas que eviten erosión y perdida de la capa fértil.

Se vigilará que en regiones boscosas o con vocación forestal no se practiquen actividades agropecuarias, para evitar daños ecológicos de importancia; se protegerán los bosques de talas clandestinas y se ejecutarán acciones permanentes de prevención, combate y control de incendios.

4.3.3 Instrumentos.- Se usarán en apoyo y estimulo de actividades productivas; en su conjunto, se orientarán y aplicarán de acuerdo a las prioridades por tipo de productor, actividad, producto y región.

El gasto público destinado al medio rural tenderá a mantener un crecimiento real, acorde con las metas de producción que implica la soberanía alimentaria, los requerimientos de infraestructura, insumos, equipo y servicios asociados al proceso productivo y la expansión de los servicios de bienestar social. La asignación a las inversiones físicas crecerá de manera más acelerada que el gasto corriente, a fin de incrementar la formación neta de capital rural.

La política de precios de garantía agrícolas y precios controlados de productos alimenticios, establecerá una relación adecuada con sus costos, de forma que incentiven producción y productividad, y mejoren la relación de intercambio con el resto de la economía.

Los precios de garantía se fijarán con anticipación a las siembras y en su caso, serán revisados al inicio de las cosechas, e implicarán incrementos reales que aseguren la recuperación de los costos de producción y un margen de ganacia que revierta gradualmente los términos de intercambio, y propicie el cambio tecnológico y la expansión de la frontera agrícola.

El crédito fomentará la capitalización de la actividad productiva y será factor importante para integrar y consolidar las organizaciones de productores; la banca de desarrollo y la comercial operarán en forma complementaria en torno a las prioridades de producción, fomentando también actividades forestales, acuícolas y de vivienda rural. Se aplicarán tasas de interés preferenciales, especialmente a  productores de bajos ingresos que produzcan alimentos básicos en  temporal.

Se capitalizará al campo ampliando los créditos refaccionarios, principalmente en áreas de temporal con potencial productivo, y se incrementará el apoyo crediticio al equipamiento de las actividades primarias, y a los procesos de transformación y comercialización. Para apoyar las actividades agroindustriales se aportará capital de riesgo como complemento de la inversión social, en los términos que defina el sector financiero.

En seguro agropecuario, se establecerá un ritmo de crecimiento de cobertura de áreas, productores, actividades y cultivos, vinculados a la expansión de la operación crediticia, agilizando mecanismos de operación. Se fomentará que las organizaciones de productores, con preferencia las del sector social, integren fondos propios de aseguramiento mutualista, para que a través del reaseguramiento con la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A., se amplíe la cobertura de protección.

Los subsidios se otorgarán básicamente a costos de producción y al consumo rural, y su operación se asociará a la asistencia técnica y al fomento de la organización de productores. Para lograr mayor efectividad en su uso, se establecerán compromisos de producción con los beneficiarios.

Los subsidios vía precios de insumos y servicios, se mantendrán, a fin de promover la producción, ajustándolos gradualmente, para evitar su uso indiscriminado, y se otorgarán en forma selectiva, transparente y temporal por tipo de productor, producto o región, de acuerdo a las prioridades del desarrollo rural integral.

Se aumentará la oferta de fertilizantes para cubrir las metas de producción, favoreciendo el suministro a los productores de bajos ingresos dedicados al cultivo de básicos en temporal; se promoverá el uso de abonos orgánicos e inoculantes, y la investigación, en su uso y aplicación. Se fomentará la participación de organizaciones de productores en su comercialización y distribución.

Se disminuirá la dependencia tecnológica en plaguicidas, armando un cuadro básico de productos con efectividad demostrada.

Se aumentará su oferta y la participación oficial en la industria y se estimulará la investigación de nuevos productos y alternativas de control biológico.

Se fomentará el uso de semillas mejoradas y tratadas, mediante programas de promoción, difusión y precios de venta accesibles a mayor número de productores; se elevará la producción estatal de semillas y se propiciará una mayor oferta y distribución oportuna; se agilitará la liberación de nuevas variedades para reproducirlas comercialmente, con prioridad en básicos. Se harán programas de capacitación y asistencia técnica para mejorar el uso, selección y manejo de semillas mejoradas y criollas.

La mecanización del campo será diferencial, gradual y selectiva, para lograr la combinación óptima de los factores productivos e incrementar la productividad, sin afectar la capa fértil y el empleo.

Se apoyará el uso de motocultores, y el cultivo con tracción animal en zonas que lo requieran, y se propiciará el rescate de tecnologías originadas por los campesinos, y elevar el nivel de mecanización, en las zonas de agricultura tradicional.

La capacitación, asistencia técnica y desarrollo tecnológico, se ampliarán en forma integrada y coherente, como una estrategia permanente de extensionismo, que concrete la investigación y el desarrollo; deberá incorporarse a los productores, y establecer programas y proyectos de investigación y desarrollo, en función de los requerimientos reales y potenciales de la cadena productiva.

El riesgo compartido se fortalecerá y reorientará como instrumento para la inducción del cambio tecnológico de productores de bajos ingresos cultivando básicos en temporal, y promover el cambio de patrones de cultivo y/o actividades, en zonas de alta siniestralidad.

La inversión pública priorizará construir, rehabilitar y mantener obras de pequeña irrigación, especialmente en áreas con bajos índices de productividad, y con recursos hidráulicos potenciales, y la adecuada conservación de los distritos de riego en operación.

Se terminarán las obras en proceso, y se ampliará y conservará la infraestructura para proteger y controlar inundaciones en áreas productivas. Se adoptarán tecnologías que permitan establecer prácticas y obras de conservación de suelo y agua, más económicas y adecuadas a cada región.

En relaciones internacionales, se celebrarán acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación incluyendo intercambio tecnológico para desarrollar actividades rurales; se promoverán convenios que permitan ampliar las relaciones comerciales con un mayor número de países; se regularán las importaciones de productos primarios, evitando que atenten contra la producción nacional o distorsionen la comercialización interna. Se ampliarán instrumentos de defensa con barreras técnicas y sanitarias a las importaciones de productos agropecuarios con riesgo de propagar plagas y enfermedades.

4.3.4 Operación Institucional.- Está referida a las adecuaciones de mecanismos de coordinación institucional y a la modernización de la administración pública, para promover el desarrollo rural con eficiencia.

Dará congruencia a las políticas e instrumentos que manejan las dependencias del Gobierno Federal. Se reforzarán procedimientos de coordinación entre autoridades federales, estatales y muicipales, y se ampliará la concertación de acciones con los sectores privado y social.

Desconcentrando y descentralizando dependencias, se logrará la correspondiente interrelación entre el nivel central y regional, para delimitar los ámbitos específicos de decisión y ejecución de cada instancia.

Se revisarán y adaptarán sistemas de capacitación para el personal administrativo y técnico, conforme a las funciones y programas de trabajo que cumplirán, en beneficio de los usuarios de los servicios públicos relacionados con el ámbito rural.

4.4 Participación de la Población.-En esta estrategia, destacan como vías que la harán viable, la organización participativa de la comunidad, la articulación Estado-Campesinos, y la generación de empleos e ingresos rurales.

4.4.1 Organización de la Población para el Desarrollo Rural.-  Para que la población sea un sujeto activo de su desarrollo, debe intervenir de manera decidida en la orientación de los procesos que la afectan.

La participación de la población en las decisiones tendrá, en las organizaciones campesinas, su apoyo fundamental. El ejido y la comunidad son las unidades jurídicas y económicas básicas de la organización de los productores, es prioritaria su consolidación, mediante el establecimiento y buen funcionamiento de sus órganos sociales y de gobierno; la adopción y acatamiento de normas que rijan sus relaciones internas y externas; la implantación de sistemas administrativos y contables, y una distribución justa del trabajo, los beneficios y las responsabilidades.

En la consolidación de las organizaciones de los productores, el Estado asumirá en forma permanente y contínua un papel de promotor, orientador e inductor. De igual forma, se acelerará el proceso de descentralización y desconcentración a través del fortalecimiento de la capacidad operativa de las dependencias en su último nivel geográfico.

4.4.2 Articulación Estado-Campesinos.- Se fortalecerán los procesos de modernización administrativa; descentralización y desconcentración de funciones y recursos; crear y fortalecer el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral; Reforma Agraria Integral; apoyo a la organización y autogestión campesina y de coordinación con las dependencias, y revisar el régimen jurídico que norma a las distintas instituciones que concurren al desarrollo rural integral.

Las acciones del Estado crearán las condiciones que favorezcan la producción rentable de los bienes de interés nacional, garantizando que los productores menos desarrollados accesen a los estímulos que otorgue y a los beneficios que se generen.

La participación de la población se estimulará, respetando sus formas democráticas de organización y reconociendo su capacidad para negociar sus demandas, haciendo compatibles los proyectos productivos y sociales de los campesinos, con las prioridades del país, para fortalecer su identidad.

4.4.3 Empleo e Ingreso.-La capacidad del campo para retener a su población estará determinada, fundamentalmente, por la elevación del nivel de empleo e ingreso de los campesinos y el mejoramiento del bienestar social.

El incremento del empleo se logrará en base al dinamismo de las actividades productivas. Así, se promoverá el uso de tecnologías que utilicen mayor mano de obra, sin afectar la productividad, y se propiciará la integración de los procesos productivos.

Las fallas que en la absorción de fuerza de trabajo presentaran las actividades primarias, tendrán que ser superadas a través de las actividades de comercialización, transformación y distribución, y de obras de infraestructura que realicen Estado y particulares.

Para que los subempleados obtengan ingresos complementarios, se fomentará la creación de fuentes alternas de empleo, ampliando las labores parcelarias con otros cultivoos, y en mejoras territoriales.

El empleo para la mujer se apoyará a través de su participación en tareas complementarias a las actividades productivas.

Los problemas del minifundio y de los trabajadores sin tierra, se enfrentarán mediante mecanismos orientados a generar empleos permanentes. En obras de infraestructura se priorizará la mano de obra local y su realización se calendarizará en congruencia con las principales actividades de las regiones. La protección social y jurídica de los trabajadores, se realizará a través de la proposición de adecuaciones legales en reconocimiento a la calidad migratoria del trabajador y su familia. Igual importancia tendrán programas de capacitación, vivienda, salud y educación, adecuados a ellos.

Se procurará la generación y distribución equitativa del ingreso, con preferencia a programas de apoyos y estímulos específicos a la producción, orientados a propiciar incrementos de productividad.

Se inducirá al productor de básicos en temporal, a adoptar patrones tecnológicos que incrementen los rendimientos, vía otorgamiento de compensaciones económicas que estimulen su esfuerzo.

La comercialización de los productos del campo por parte de los productores, es condición para proteger su ingreso, por lo que se apoyará la construcción de centros de acopio que hagan posible la conservación del producto para su venta en mejores condiciones de precio, complementando su operación con mecanismos crediticios preferenciales que permitan satisfacer sus requerimientos, mientras venden sus productos. En los productores organizados se impulsará la transformación, empaque y envase de los productos pecuarios, hortícolas y frutícolas, a fin de que, a través de procesos simples, se incremente su valor.


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5. METAS

Las metas del PRONADRI 1985-1988 expresan la magnitud del esfuerzo que debe realizarse para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de bienestar social rural, soberanía alimentaria y reforma agraria integral.

Se sustentan en la rectoría del Estado y en la participación de los sectores social y privado, y una movilización sin precedente de los recursos de la sociedad, donde los fondos públicos juegan un papel fundamental de catalizadores de acciones.

Técnica y financieramente, las metas son factibles. Definida la importancia del desarrollo rural para el desarrollo nacional, por su efecto dinamizador, la viabilidad de sus objetivos, estrategias y metas es de interés nacional, más allá de parámetros tradicionales de rentabilidad.

Las metas se relacionan con el bienestar social, la reforma agraria, la producción rural y el empleo e ingreso. Su estimación tomó en consideración proyecciones de demanda nacional; disponibilidad y potencialidad de recursos productivos; posibilidades de producción y transformación; requerimientos asociados a la producción; la necesidad de equilibrar la balanza comercial; la incorporación de cambios tecnológicos para reducir la dependencia externa, y el imperativo de una reserva estratégica de alimentos básicos.

Las metas de producción representan el compromiso de alcanzar la autosuficiencia en granos básicos, reducir la dependencia externa en el resto de los bienes alimenticios, mantener las exportaciones primarias, y ampliar y fortalecer el empleo e ingreso rural.

5.1 Metas de Bienestar Social.- Aspecto relevante del desarrollo rural integral, es la ampliación de la disponibilidad de bienes y el acceso a servicios, que son satisfactores básicos para elevar la calidad de vida en el campo. El crecimiento de las disponibilidades está determinado por el dinamismo del ingreso y empleo rural, la magnitud de los déficits existentes, las posibilidades de acción del sector público, y la participación directa de la población.

5.1.1 Alimentación y Consumo.- Las metas de consumo de alimentos para la población agrícola corresponden a lo señalado en el Programa Nacional de Alimentación, en tanto que los niveles de consumo no alimentario se establecieron atendiendo al dinamismo esperado del ingreso, los hábitos, y las necesidades de bienes de indispensables, entre otros.

Para el total de familias agrícolas el crecimiento del consumo de alimentos será del 3% anual. Los de origen pecuario crecerán más que los agrícolas, elevando el contenido protéico de la dieta; serán más relevantes la leche, el huevo y las carnes de aves, y de ovinos y caprinos. Ello significa que se recuperarán los niveles existentes con anterioridad al deterioro de los ingresos, e incluso se esperan mejoras en algunos productos.

Conforme al Programa Nacional de Alimentación, los niveles de nutrición en 1988, para familias de bajos ingresos, serán de 2 320 calorías y 57.4 gramos de proteínas, por persona/día. En población de ingreso medio y alto no se establecen metas, pues han alcanzado o superado los mínimos nutricionales recomendados.

Para elevar el nivel de bienestar, se propiciará un crecimiento en el consumo de bienes manufacturados indispensables, como textiles, vestido, calzado, muebles, jabones, productos farmacéuticos y utensilios de cocina. Se estima elevar la participación del consumo de esos bienes en el gasto total de las familias, de 22% a 28%.

5.1.2 Salud.- Para eliminar los rezagos en la salud y cubrir los requerimientos del crecimiento demográfico, durante 1985-1988 se extenderán los servicios básicos de salud de atención primaria integral a la totalidad de la población abierta del medio rural.

La plena cobertura de los servicios permitirá, para 1988, reducir la tasa de mortalidad general, para situarla debajo de 5.7 defunciones por mil habitantes en 18 estados. Los restantes, que presentan tasas superiores al promedio nacional, tendrán bajas importantes que les permitirán acercarse al promedio actual de 5.9 defunciones por mil habitantes.

Bajará la tasa de mortalidad infantil a menos de 30 defunciones por cada mil nacidos vivos, en 16 estados; en los restantes, disminuirá significativamente, para alcanzar el nivel de la actual tasa nacional, de 35.7 defunciones por cada mil nacidos vivos.

La esperanza de vida al nacer, aumentará de 64 a 67 años para 1988, en el medio rural.

5.1.3 Educación.- Adecuar el modelo educativo nacional a las características particulares de los medios rural e indígena, a fin de responder a los intereses y necesidades de su población.

Ofrecer en 1988, educación preescolar y primaria a la población de 5 a 15 años que la demande. Completar escuelas de organización incompleta, donde lo justifique la demanda.

Elevar la oferta de servicios de capacitación para y en el trabajo en las zonas indígenas y rurales.

Crear 22 unidades regionales de cultura popular.

En el marco de la red nacional de bibliotecas públicas, ofrecer el servicio de bibliotecas a todos los municipios del país.

5.1.4 Vivienda y Servicios.- Abatir progresivamente los déficits de vivienda, estimados en 3.5 millones de viviendas que requieren mejoras y 1.3 millones de viviendas nuevas, alcanzando a cubrir al fin del período el 2.7% de los requerimientos de vivienda mejorada y el 3.0%  de nuevas viviendas.

Las acciones de vivienda rural no sólo evitarán el crecimiento del déficit, sino que lograrán reducirlo, sentando las bases para un progreso ulterior más acelerado.

Alcanzar los niveles de bienestar previstos, deben complementarse las acciones de vivienda con dotación de servicios esenciales como abastecimiento de agua potable, alcantarillado y electrificación.

Se ampliará la cobertura de agua potable de 38.4% a un 48.5% en localidades menores de 100 habitantes y de 62.7% a 65%, en los centros de integración rural. La cobertura de alcantarillado subirá de 27% a 30% en las primeras y de 37.9% a 40% en los segundos. Se electrificarán 3 178 poblados, beneficiando a 2.6 millones de habitantes.

En contaminación ambiental, se bajarán descargas contaminantes en las principales cuencas del país, en un promedio del 30%, por desechos urbanos e industriales; aumentará en 90%  la cobertura de  recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos.

En protección y restauración ecológica, las áreas ecológicas protegidas constituirán hasta el 3% del territorio nacional. Se han instalado a la fecha 194 Unidades de Protección y Restauración Ecológica (UPRES) y serán atendidas en el presente ejercicio, 229.

En ordenamiento territorial, se propiciará una mayor atención a los asentamientos humanos, integrando, con la participación de las autoridades estatales y municipales correspondientes, el Programa de Atención a Zonas Críticas, que incluye la programación de obras, acciones y servicios necesarios para el bienestra social de la población, de los 80 Centros de Integración Rural y los 20 Centros de Apoyo Agropecuario a la Descentralización Industrial.

5.2 Reforma Agraria Integral.- Las metas en dotación de ejidos, restitución y confirmación de bienes comunales y la creación de centros de población ejidal, manifiestan la decisión política de que la propiedad social sea elemento fundamental para el desarrollo de un proceso productivo acelerado. Durante 1985-1988, y pese a la reducia disponibilidad de tierras para satisfacer necesidades, la fase de reparto agrario en forma masiva culminará con la entrega de 3.1 millones de hectáreas.

Las metas de regularización de la tenencia de la tierra, expresan el objetivo de lograr que todos los predios del país, y los interesados que lo soliciten, cuenten con documentos probatorios de propiedad y usufructo de sus recursos.

Las superficies provenientes de concesiones de inafectabilidad ganadera vencidas serán asignadas en 1985 en forma definitiva, a las formas vigentes de propiedad social o privada. Asimismo, habrán de quedar definitivamente regularizadas en 1985, las colonias y los lotes de colonos del país.

Las metas refuerzan a la reforma agraria como instrumento de organización social para el desarrollo; se constituirán 160 uniones de ejidos y 70 asociaciones rurales de interés colectivo, y se apoyará la creación de 18 400 unidades de desarrollo rural en ejidos y comunidades, así como 1 200 en la pequeña propiedad.

5.3 Reactivación Productiva.- Las metas de producción toman en cuenta las interrelaciones que existen en los procesos productivos. Conforme al comportamiento histórico de las variables relevantes, las metas plantean una dinámica de producción que busca superar las tendencias observadas en los años setenta, y se determinaron en función de las posibilidades de expansión de áreas destinadas a la producción y de introducción y difusión de tecnología.

Para el conjunto de actividades agrícolas, pecuarias, forestales y acuícolas, se estima una tasa de crecimiento anual del valor bruto de la producción, del 4.9%.

5.3.1 Producción Agrícola.- Se incrementará a una tasa de 5.6%, para alcanzar la autosuficiencia en los cuatro productos básicos fundamentales, reducir importaciones, mantener las exportaciones y elevar el ritmo de creación de empleos.

El aumento de la producción en el período se origina en un 55% por el crecimiento en la superficie cosechada, en tanto que el aumento de los rendimientos explica 45% restante.

En congruencia con el propósito de avanzar en la consolidación de la soberanía alimentaria, los productos para los que se estima un crecimiento superior al promedio son, granos básicos, oleaginosas y forrajes.

En granos básicos, las metas de producción estimadas para maíz y arroz en 1988 llegan al nivel de autosuficiencia, de acuerdo con el Programa Nacional de Alimentación. En trigo y frijol, en virtud de que ésta ha sido lograda, los crecimientos son moderados, para mantenerla. En maíz, producto que tiene la mayor prioridad, la producción se incrementará en 31.8%, a una tasa de 9.6% anual.

Por la necesidad de sustituir importaciones de oleaginosas, estas crecerán al 8.4% anual, en promedio.

Para lograr las metas de los 27 productos considerados, que representan el 78% del valor de la producción total, será necesario cosechar en 1988 una superficie de 17.6 millones de hectáreas, de las cuales 5.1 corresponderán a riego y 12.5 millones, a temporal, con un ritmo de expansión del 3.1% anual, en conjunto. Para ese año los granos básicos ocuparán alrededor del 66% de la superficie total.

Para maíz se prevé una expansión de 560 mil hectáreas, de las que  260 mil serán en riego y 300 mil en temporal. La ampliación de la superficie en riego, obedece a la necesidad de alcanzar mayores rendimientos para lograr un rápido y significativo impacto en la producción. En maíz, la superficie cosechada se incrementará un 7.5% en todo el período.

La productividad es el otro factor relevante sobre el cual se actuará para alcanzar las metas de producción del período. Mediante la difusión y uso tecnológico se prevén incrementos en rendimientos por hectárea de maíz, cártamo y girasol, de 22.6%, 22.8% y 30.1%, respectivamente, el resto de los cultivos presentan menores ritmos, porque en la mayor parte de los casos se han alcanzado niveles de rendimiento satisfactorios.

El crecimiento de la productividad en maíz se propiciará sobre todo en áreas de temporal, que presentan una mayor potencialidad en alza de rendimientos en relación a las de riego. En aquellas se expandirán un 25.2%, mientras que en estas sólo lo harán en 6.5%.

No obstante, para no comprometer la autosuficiencia, en el corto plazo se impulsará la incorporación de la mayor cantidad de superficie posible, a su cultivo.

5.3.2 Producción Pecuaria.- Se incrementará a una tasa de 3.4% anual, por la necesidad de aumentar la disponibilidad de productos alimenticios de origen animal. Huevo y leche crecerán más que el promedio, 6.5% y 4.1%, respectivamente, en tanto que la carne lo hará a una tasa de 2.8%.

Conforme al aumento del hato ovino, la producción de lana tendrá  un crecimiento de 3.1% anual.

En miel y cera, se estiman decrementos en producción, del orden del 25% anual, en previsión de dos hechos que incidirán sobre la producción de los próximos años: el ingreso al territorio nacional de la abeja africanizada que abatirá los niveles actuales, y por las dificultades crecientes que enfrentará la producción nacional para competir con éxito en el mercado internacional. La meta en miel toma en cuenta las acciones que se realizarán para el control de la abeja africanizada.

El aumento en producción de huevo se obtendrá fundamentalmente con mayor número de ponedoras y, en menor medida, de aumentos en productividad, que registrará una tasa de crecimiento del orden del 0.9% anual, elevando el número de huevos/ponedora/año en 8 unidades. Para 1988, se estima un rendimiento de 13.8 kilogramos de huevo/ave y una parvada de más de 67 millones de ponedoras, lo que significará una producción de 937 mil toneladas de huevo.

El mayor énfasis en producción de leche se pondrá en la de bovino, que representa el 96% de las metas de producción total. Para 1988, se estima producir 8 160 millones de litros, un aumento del 4.2%, en promedio, anual. La ganadería especializada se consolidará incrementando productividad más que existencias, en tanto que la  no especializada tendrá un crecimiento de sus inventarios del 2.8% y el de la productividad será del 1.6%, en promedio, anual.

Se propiciará mayor rendimiento en ganadería de doble propósito.

La producción de carnes representará el 57% del valor bruto de la producción pecuaria, y su aumento se propiciará principalmente a través del incremento de las existencias ganaderas. Asimismo, se realizarán los ajustes de inventarios necesarios para racionalizar la producción de carne bovina.

Las metas pecuarias tienden al inicio de acciones en materia de producción, con miras al cambio estructural, que induzca a bajar la demanda de sorgo, aprovechando los recursos naturales del país y subproductos agrícolas e industriales.

5.3.3 Produccion Forestal.- Se incrementará a una tasa promedio anual de 7.3%, que corresponde a un crecimiento del 7.6% en la producción maderable y a un 2.6% de la no maderable.

Las metas responden a la necesidad de dinamizar al subsector para mejorar la balanza comercial, reduciendo importaciones y bajando exportaciones, y lograr un cambiar la estructura productiva. La producción maderable será de cerca de 10 millones de M3 r en 1985 y en 1988 de 12.4 millones de M3 r. La no maderable pasará de 68 mil a 74 mil toneladas, en el período.

El aumento prevé un cambio en el destino industrial de la materia prima, al canalizar mayores volúmenes de madera a la producción de celulosa y reducir, en términos relativos, el volumen de madera destinada a la industria del aserrío. La participación de la madera destinada a la obtención del primer producto, pasará de 31.7% a 33.4%, mientras que para el segundo irá de 51.5% a 50.5%. Para la industria de chapa y tableros, la participación en términos relativos disminuirá de 6.6% a 6.4%.

La producción de pino crecerá al 5.7%; el oyamel en 7.9%; el encino en 19%; las maderas preciosas en 5.1% (incluye caoba, cedro rojo, primavera, guayacán, fresno y nogal); y otras especies maderables en 20.4% (incluye especies tropicales y hojosas).

Las maderables, por tipo de producto, presentan crecimientos diferenciados: la producción de trocería para aserrados, crecerá en 7.3% promedio anual; la destinada a celulosa, en 10.0%, y chapas y tableros, en 6.6%.

La no maderable de recolección, está sujeta a variaciones de los mercados internacionales, y para preservar el equilibrio ecológico, crecerá 2.6% en promedio anual. Así se asegura la explotación racional del recurso, manteniendo la fuente de empleo. Se dará un énfasis especial al aprovechamiento de la candelilla, procurando la racionalización de su explotación.

5.3.4 Acuacultura y Pesca Ribereña.- Estas actividades reportan el ritmo de expansión más alto, 15% anual, pues se parte de niveles absolutos reducidos, a fin de desarrollar nuevas fuentes de ingreso y empleo y contribuir al mejoramiento de los niveles nutricionales.

Las especies con mayor crecimiento son el camarón, el ostión y el bagre con 37.5%, 34.6% y 30.9%, respectivamente, posibilitando que se aumente 2.5 veces la producción de ostión, pasando de 78 mil toneladas el primer año del período a 190 mil en el último.

La producción, en conjunto, registrará un sustancial incremento, al pasar de 576 mil toneladas en 1985 a 894 mil en 1988, mejorando los niveles de ingreso, alimentación y nutrición de la población del medio rural.

5.3.5 Producción Agroindustrial.- las metas agropecuarias para alimentos básicos y bienes estratégicos, son base para determinar las agroindustriales, y responden a la necesidad de transformar los productos primarios para su consumo intermedio o final.

El mayor esfuerzo se centrará en la transformación de productos pecuarios, destaca el sacrificio, y obtención de leche pasteurizada, que crecerán al 21.2% y 11.3%, respectivamente. El aumento de cárnicos obedece a la intención sacrificar ganado bovino, porcino y aviar, en rastros Tipo Inspección Federal (TIF), o en rastros con características similares, para que el sacrificio en otras condiciones pierda importancia relativa durante el Programa.

Para los productos agrícolas, el esfuerzo es importante ya que se rebasa en buena medida, el crecimiento promedio de la población, exceptuando la harina de trigo, cuyo aumento es menor.

5.3.6 Producción y Demanda.- Conforme a las estimaciones, para 1988 se alcanza la autosuficiencia en maíz y arroz y se consolida la de trigo y frijol. En productos agroindustriales, se consolidará para ese año la autosuficiencia en azúcar.

No obstante, para ese año, aunque en menos volumen, se seguirán importando pastas y aceites vegetales, sorgo, leche y huevo. En aceites y grasas vegetales, el déficit bajará de 354 mil toneladas en 1985 a 242 mil, en 1988. En sorgo, se prevé disminuir el déficit de 2 647 000 toneladas, a 2 136 000; en leche, el faltante pasará del 18.9% al 16.0%; mientras que en huevo el déficit disminuirá de 88 mil toneladas en 1985 a 33 mil en 1988.

Considerando los ciclos de consumo, se prevén importaciones para compensar faltantes temporales, aun en el nivel de autosuficiencia, los cuales se tomaron en cuenta, para estimar su impacto sobre la balanza comercial.

Para el caso particular de la carne bovina, se espera un déficit de 35 mil toneladas en 1985 y de 131 mil en 1988, a consecuencia del mayor crecimiento que experimentará el consumo en relación al ritmo de crecimiento de la producción.

5.4 Empleo e Ingreso

5.4.1 Empleo Rural.- La dinámica productiva de las acciones del Programa, tendrá efectos importantes en empleo, disminuyendo algunos de los problemas más críticos, en este aspecto.

La reducción de la subocupación en el campo, además de mejorar los niveles de ingreso, aminorará la expulsión de fuerza de trabajo, atenuando presiones sobre otros sectores de la economía, los cuales  no podrán absorber una mayor afluencia de población rural.

Aunque seguirá la tendencia de la actividad agropecuaria, a perder importancia relativa como fuente de trabajo, continuará siendo la que más empleo genere. La población económicamente activa en tareas agropecuarias y forestales se incrementará de 7.9 millones a casi 8.6 millones; pero su ocupación se elevará ligeramente, por lo que corresponderá al resto de las actividades del sector rural, y a las nuevas inversiones, apoyar significativamente la absorción del incremento en la fuerza de trabajo.

Por la importancia que la estrategia del Programa da a cultivos que usan mano de obra intensiva, los días ocupados pasarán de 132 a 134, a pesar de la mecanización de la actividad primaria, lo que no sólo evitará que se agrave el desempleo que prevalece en el medio rural, sino que permitirá un incremento en la ocupación por activo, frenando la tendencia que se venía presentando desde mediados de la década de los sesenta.

En agricultura, el aumento de jornadas alcanzará el 8%, mientras que en ganadería, que sólo aporta el 27% de las necesidades totales de fuerza de trabajo, será del 12%, y en la actividad forestal, será del 13%.

El resto de las actividades rurales, que generan buena proporción del empleo, serán ampliadas durante 1985-1988. Se impulsará la construcción de obras de grande irrigación, hidráulicas e ingeniería agrícola, que impactarán significativamente el empleo, al igual que las actividades agroindustriales, en las que los nuevos puestos de trabajo crecerán en 35%.

En la actividad acuícola los esfuerzos se centrarán especialmente en los primeros años del programa, contribuyendo a aminorar los problemas de ocupación en el corto plazo. A ello se agregará el aporte de los programas de comunicaciones y transportes, con la construcción, modernización, reconstrucción y conservación de caminos rurales. Otras actividades que darán un volumen adicional de ocupación corresponden a la expansión de infraestructura para los servicios de salud, educación, vivienda, comercialización y distribución de productos, entre otros.

Esta expansión del empleo se realizará evitando que se agudicen los problemas de escasez de fuerza de trabajo, que de manera estacional y regional se observan en algunas zonas del país.

5.4.2 Ingreso.- A consecuencia del dinamismo de las actividades productivas, se estima elevar el ingreso medio rural por persona a una tasa media anual del 3.5% durante el período. Esta meta es congruente con las previstas para el consumo de alimentos y bienes manufacturados indispensables.

A fin de atenuar las diferencias en niveles de ingreso entre los estratos de la población agrícola, se propiciará que el ingreso real de las familias de más bajos ingresos, que representan el 40% del total, experimente un crecimiento más acelerado.


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6. INSTRUMENTACIÓN DE ACCIONES

En este capítulo se precisan las acciones a través de las cuales se instrumentarán los objetivos, estrategias y metas del PRONADRI, y son la base para formular de los Programas Operativos Anuales.

6.1 Política de Gasto Público.- Se irán adecuando los montos, en función de la capacidad de gasto del país, por la restricción del financiamiento global. La orientación del gasto cambiará su estructura, reduciendo el corriente, reencauzando los subsidios y dirigiendo la inversión preferentemente hacia zonas de temporal.

El gasto programable destinado al desarrollo rural integral pasará del 10.9% en 1985, al 13.5% en 1988, en relación al gasto total. Se estima que en conjunto el programable crecerá cerca al 10%, en términos reales, durante el período.

La política de gasto se concretará en los programas presupuesto anuales, cuya formulación considerará las siguientes orientaciones: asignar el gasto observando las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo; eficientar la capacidad instalada para producir bienes y servicios; racionalizar el uso de divisas; dar empleo a la población de bajos recursos; atenuar desequilibrios regionales; priorizar gasto productivo e inversión sobre el administrativo, el operativo sobre otros corrientes, y transferencias que suban la oferta de bienes y servicios básicos, sobre las dirigdas a actividades no prioritarias.

6.2 Bienestar Social. Obligación.- Se contribuirá a mejorar el abasto de alimentos de alto valor nutritivo a la población rural, a precios accesibles. Se ampliará la red oficial de distribución, con

1 600 tiendas de participación comunitaria y 25 almacenes rurales. Se modernizarán ocho centrales de abasto y se organizará a 5 mil grupos familiares, para realizar compras en común.

Para alcanzar plena cobertura de los servicios de salud en el primer nivel de atención, se construirán 1 250 unidades de salud, y las del régimen ordinario del IMSS que se encuentren subocupadas, serán transferidas.

En educación, al final del período, las becas de educación bilingüe y bicultural ascenderán a 75 mil. Se alfabetizará a 4.1 millones de adultos a nivel nacional, para abatir el analfabetismo rural.

Para reducir el déficit de vivienda, se realizarán 136 mil acciones de mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva y transitoria.

En agua potable y alcantarillado rural, se terminarán las obras en proceso transferidas a los Gobiernos de los Estados, y se asesorará a los organismos locales, en la administración de los sistemas.

Se proporcionará servicio eléctrico a 2.6 millones de habitantes y se electrificarán 5 921 pozos, para beneficio de 253 mil hectáreas. Se realizarán proyectos de demostración de fuentes alternas de energía en el medio rural.

Se construirán 1 600 km de carreteras alimentadoras, y se modernizarán 2 100 más, se ampliará la red rural en 17 500 km y se dará conservación a los 105 mil km que se tendrán al final del período; se rehabilitarán las instalaciones telefónicas de 1 800 localidades, y se incorporarán al servicio 4 760.

Coordinación.- La estrategia de bienestar social en el medio rural se fundamenta en la colaboración de los tres órdenes de Gobierno. Por lo anterior, se impulsará la coordinación a través de acciones como el fortalecimiento de los Comités Estatales de Planeación, la creación de los Comités Estatales de Abasto, el fomento a la organización de los productores y la integración de mercados al detalle.

Se integrarán los servicios de salud que prestan la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Programa de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria, bajo la operación de los Gobiernos de los Estados.

Se fortalecerán los Consejos Estatales de Educación Pública.

Para fomentar el desarrollo de la vivienda rural, se instrumentarán programas de construcción y mejoramiento a través de los Comités de Normas y Promoción de Vivienda, y los Institutos de Vivienda Estatales.

El medio rural se beneficiará con la construcción, conservación y mantenimiento de sistemas de agua potable y alcantarillado, y con la continuación del programa de electrificación rural, jerarquizando zonas y regiones de atención prioritaria.

A través de las Juntas Locales de Caminos se ampliará la red de caminos rurales en 5 500 km, y se incrementarán las carreteras alimentadoras en otros 5 500 km.

Concertación.- La concertación de acciones con organizaciones sociales y privadas, fomentará la participación multiactiva de los grupos sociales en su propio beneficio.

Las organizaciones participarán en la administración de tiendas rurales, la creación de circuitos locales y regionales de producción y comercialización de alimentos, el establecimiento de programas de higiene escolar y prevención de riesgos en población materno-infantil, y en construcción y mantenimiento de escuelas. Además, aportarán mano de obra y materiales regionales, en construcción y mejoramiento de vivienda, sistemas de agua potable, alcantarillado y caminos.

Inducción.- En esta vertiente se prevén campañas de educación  nutricional, difusión de hábitos de higiene, educación familiar, alfabetización, mejoramiento, ampliación y autoconstrución de vivienda, uso racional del agua y de la energía eléctrica. Además, se aplicarán tarifas preferenciales a productos agropecuarios y forestales transportados por ferrocarril, y tasas de interés bajas para la renovación y ampliación del transporte de carga.

6.3 Reforma Agraria. Obligación.- Para contribuir al desarrollo del campo se emitirán y publicarán resoluciones presidenciales dotatorias por 3.1 millones de ha; se concluirá la investigación jurídica de los terrenos nacionales, expidiendo los títulos a los posesionarios asentados con anterioridad a 1963; se expedirán 375 mil certificados de derechos agrarios y 330 mil de inafectabilidad a la pequeña propiedad; se realizará el catastro rural en más de 833 mil predios; se concluirá la depuración censal e investigación del usufructo parcelario de todos los ejidos; y se realizarán acciones básicas de organización, en 12 mil núcleos agrarios.

Coordinación.- Con la colaboración de los tres órdenes de Gobierno, se fortalecerán las Comisiones Agrarias Mixtas y los Comités de Reservas Territoriales. Adicionalmente, se realizarán acciones que consoliden la capacidad de gestión y autogestión campesina.

Concertación.- Los convenios de las organizaciones agrarias con participación de los Gobiernos Estatales es también factor esencial del desarrollo rural integral, se orientarán a la atención adecuada de trámites y resoluciones de expedientes agrarios.

Se fomentará la organización agraria básica para aprovechar los recursos renovables, no renovables, turísticos y forestales.

Se desarrollarán programas de organización y capacitación, aprovechando las experiencias de los campesinos.

6.4 Producción Rural. Obligación.- En inversión pública para la infraestructura hidroagrícola, se dará prioridad a las obras de apoyo al temporal y a la pequeña irrigación.

En proyectos de apoyo al temporal, se atenderá su formulación e instrumentación integral, considerando desarrollo de actividades agrícolas, restructuración de la tenencia, cambios en uso del suelo, asistencia técnica, organización capacitación, y comercialización de los productos.

La habilitación de áreas de temporal con obras de drenaje y otra infraestructura será de 613 mil ha en el período.

Se  incorporarán 463 mil ha al riego, de éstas, 258 mil serán de pequeña irrigación y el resto de grande irrigación. Entre estas últimas, se acelerará la puesta en operación y consolidación de Pujal-Coy 1ª fase, Tomatlán, Cuxtepeques, San Gregorio, Río Florido y Cocula, y se terminarán las de mayor avance, como son Río Sinaloa, San Lorenzo, Ocoroni, Nexpa, Ometepec y otras del Balsas.

El control de avenidas beneficiará a 161 mil ha, la mayor parte en Tabasco, Veracruz y Jalisco. En rehabilitación y mejoramiento de áreas de riego, se realizarán trabajos en 427 mil ha. Se acelerará la terminación de la rehabilitación de Xicoténcatl y Autlán-El Grullo, y se regularán inversiones en otros distritos, principalmente las de Bajo Río Bravo, Bajo Río San Juan y Cupatitzio-Tepalcatepec.

Para lograr la autosuficiencia financiera de los distritos de riego, se establecerán compromisos precisando por etapas las metas y las acciones que se emprendan para cumplirlas: promoción, aplicación de tarifas diferenciales y otras.

Como complemento a las de infraestructura, se realizarán obras y prácticas de conservación de suelo y agua en alrededor de 300 mil ha.

En organización de productores y para fortalecer al sector rural en su capacidad de gestión, se establecerán y consolidarán 47 067 organizaciones para la la producción, en sus diferentes formas jurídicas y se capacitará  a 322 080 productores y 11 500 técnicos.

Las asistencia técnica aumentará la atención de 9.7 millones de ha en 1985 a 12.3 millones en 1988, un incremento de 8.1% anual.

La investigación y el desarrollo tecnológico se orientarán a reducir la dependencia del exterior, en semillas mejoradas y técnicas de producción. Se realizarán los siguientes proyectos: impulso a los cultivos alimentarios básicos; reducción de riesgos de producción en agricultura de temporal; atención a zonas de alta siniestralidad; desarrollo, validación y transferencia de tecnologías, y producción de semillas básicas.

En crédito de avío, la superficie habilitada pasará, de 11.5 millones de ha en 1985, a 15.2 millones en 1988. Para lograrlo se procurará que los volúmenes de crédito se expandan en términos reales, a un promedio anual del 10%. El crédito refaccionario registrará un crecimiento promedio anual del 15%, y se orientará a elevar el nivel de capitalización de los productores de escasos recursos.

En matera de seguro agrícola, se revisarán las políticas, normas y sistemas para ampliar su cobertura, mejorar los procedimientos de aseguramiento y pago de indemnizaciones. En 1988 se asegurarán 12.6 millones de ha, lo que representa un crecimiento de 10.3% durante el período.

En incorporación de tractores y equipo complementario, se estiman  cerca de 71 mil unidades en el período, 19 mil son nuevas unidades destinadas a incrementar el parque nacional.

Para mejorar producción y productividad, se plantea usar semillas certificadas en toda la supericie de riego de los diez principales cultivos; la agricultura de temporal que usa semillas certificadas pasará del 26 al 61% de la superficie cultivada.

Las áreas fertilizadas crecerán en el período, en 2.2 millones de ha, destacando el maíz, con 995 mil ha, el sorgo con 136 mil ha, el cártamo con cerca de 80 mil ha y el arroz con 70 mil ha.

En prevención y combate de plagas, aumentará la utilización de insecticidas, herbicidas, fungicidas, fumigantes y otros, lográndose en 1988 una aplicación aproximada de 29 mil ton.

En materia sanitaria, se desarrollarán acciones orientadas a ampliar la cobertura, apoyándose en la instrumentación del Sistema de Rutas de Asistencia Fitosanitaria. Se estima pasar de 8.3 millones de ha en 1985 a 9.4 millones, en 1988. Además, se producirán 90 mil millones de insectos benéficos al final del período.

Para que el productor perciba ingresos que hagan posible las metas establecidas y mejorar sus condiciones de vida, se modificará la relación de intercambio entre los precios agrícolas y los del resto de la economía entre 3% y 5% anual. En precios de garantía, se establece el compromiso de revisar en el Gabinete Agropecuario la lista de productos sujetos a este régimen, a fin de adecuarla a las necesidades sociales más importantes. En fomento a la actividad pecuaria, se realizarán obras de desarrollo ganadero, abrevaderos y pozos de bajo gasto, con los que se dispondrá de un volumen de 309 millones de metros cúbicos de agua, durante el período.

Se ampliará la asistencia técnica pecuaria, en extensionismo de técnicas apropiadas de producción, y en divulgación para adoptar las tecnologías que se generen o validen. Se prevé incrementar estos servicios en 19.5% anual.

El mejoramiento genético del hato bovino se hará aumentando en 9.9% las dosis de semen aplicadas en inseminación artificial, lo que equivale a 343 mil dosis.

En sanidad animal, se continuará con las campañas zoosanitarias. En el combate del gusano barrenador del ganado se cubrirán 197.6 millones de ha.

A nivel nacional, se aplicarán 17.1 millones de vacunas, 3.8 para bovinos, 9.7 en porcinos, 2.4 en equinos, 0.3 en caprinos y 0.9 contra la rabia canina.

Para apoyar las campañas zoosanitarias, la producción de fármacos aumentará de 37.4 millones de dosis en 1985 a 47 millones en 1988. La producción de antígenos y reactivos biológicos alcanzará un total de 14 millones de dosis.

Se canalizarán recursos para el programa de control de la abeja africanizada, y para divulgación, capacitación, asistencia técnica, producción de abejas reinas e investigación básica y experimental.

Se aumentará la producción de alimentos balanceados, a fin de que al concluir el período, se llegue a un volumen de 2.0 millones de toneladas.

En la oferta de básicos pecuarios, se ampliarán y fortalecerán los programas de fomento a la producción de leche y huevo, y abasto de carne.

En crédito, se canalizarán recursos crecientes; en términos reales, el de avío se incrementará 5% y el refaccionario 10%. El seguro ganadero aumentará a un ritmo del 12% anual, cubriendo en 1988 a 12 millones de cabezas.

Para propiciar la explotación y el desarrollo forestal, se construirán en el período 10 mil km de brechas y caminos, que permitirán a su vez prevenir, controlar y combatir los incendios forestales en 20 millones de ha. El programa de sanidad forestal se extenderá a 12.5 millones de ha, y el control y vigilancia se ejercerá en 109 millones de ha aproximadamente. Las acciones de reforestación demandarán la producción de 345 millones de plantas.

En lo que se refiere a la actividad acuícola y a la pesca ribereña, se construirán 512 obras básicas de carácter pesquero y social, se operarán 28 mil embarcaciones menores, y se mejorará el equipo técnico de 500 embarcaciones anualmente, hasta llegar a 2 000 en 1988. Adicionalmente, se promoverán paquetes integrales que incluyan asistencia técnica, capacitación y organización de los productores.

Con relación al fomento de la actividad agroindustrial, se apoyará principalmente el sector social, dando prioridad a la consolidación de las plantas existentes, y se dará preferencia a las actividades de beneficio primario. Se harán 754 acciones de asistencia técnica en plantas agroindustriales, en sus fases preoperativa y operativa.

En ordenamiento ecológico, se harán 200 evaluaciones de impacto ambiental en Corredor del Bajío, Costa del Golfo, Sureste, Franja Fronteriza Norte, La Laguna y Mar de Cortés.

En lo jurídico se revisarán disposiciones legales y reglamentarias relativas al fomento de la producción, organización de productores y en general, las que concurren e impactan al campo, incluyendo el bienestar social de su población.

En lo correspondiente a relaciones internacionales se establecerán convenios bilaterales y multisectoriales con otros países en materia de intercambio científico y tecnológico, así como con organismos internacionales que se ocupan de asuntos agropecuarios, forestales, hidráulicos y de desarrollo rural.

Se promoverán acuerdos orientados a incrementar los volúmenes de exportaciones de productos agropecuarios, para diversificar nuestros mercados.

Coordinación.- Se realizarán, entre otras, las siguientes acciones:

Utilización conjunta de recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado, en la realización de proyectos agrícolas.

Construcción, rehabilitación, conservación y mejoramiento de obras de infraestructura.

Apoyo al proceso de organización y consolidación de las formas asociativas que permitan la integración de los productores a las actividades de transformación, distribución y comercialización, y participar en la capacitación y adiestramiento de los productores.

Instrumentar mecanismos que disminuyan la intermediación en las etapas de producción, comercialización y distribución.

En ganadería, se impulsará la construcción de infraestructura y la realización de programas de capacitación y organización de los productores ejidales y comunales, y se fortalecerán los programas para promover y preservar la sanidad animal.

Mejorar los rastros, las condiciones sanitarias y procedimientos de sacrificio, a través de asistencia técnica y asesoría. Fomentar el establecimiento y operación de patronatos de investigación para la producción animal y comités de sanidad pecuaria, y la puesta en marcha de sistemas estatales para el abasto de productos pecuarios.

Con relación al subsector forestal, se impulsarán los programas de prevención, control y combate de incendios, sanidad y aspectos de vigilancia.

En pesca, se formularán programas de captura y tecnología, y de organización y capacitación de productores.

Para apoyar la actividad agroindustrial, se coordinarán acciones a través de acuerdos específicos, que propicien la instrumentación integral de programas y proyectos de desarrollo.

En materia ecológica, se acordarán lineamientos y normas para la conservación, preservación y restauración ecológica regional.

Por lo que se refiere al aspecto jurídico, se promoverá una mayor participación en la revisión y análisis de las disposiciones legales vigentes y en las propuestas de adecuación.

Con respecto a las relaciones internacionales, se procurará la colaboración en los programas de intercambio tecnológico, así como la celebración de acuerdos económicos y comerciales con otros países, a fin de promover la exportación de productos.

Concertación.- Se buscará la participación directa de los campesinos en la construcción, rehabilitación y operación de obras de infraestructura productiva que se realicen en el medio rural.

Se concertarán, entre otros, programas de capacitación y asistencia técnica, especialmente en técnicas de producción, administración rural, control contable, comercialización, organización económica y legislación agropecuaria.

Se establecerán compromisos de producción y productividad, que optimicen los créditos y demás apoyos y amplíen la participación de los productores en distribución de insumos y comercialización directa de los bienes que generan.

En ganadería se fomentará el desarrollo de los sistemas integrados de cría-engorda, y se concertará la selección del ganado para el mejoramiento genético de los hatos.

Se realizarán programas de producción y distribución de material genético y se impulsará la producción de alimentos balanceados y concentrados, para incrementar el uso de insumos que no compitan con granos básicos.

En materia forestal, se celebrarán convenios con universidades y centros de investigación, para apoyar el desarrollo de proyectos integrales dirigidos al adecuado aprovechamiento del recurso.

Se concertará con organizaciones de productores, para fomentar la conservación y manejo racional de bosques y selvas. Se organizará a 269 mil campesinos para la protección forestal y se promoverá la integración de 1 669 agrupaciones campesinas.

Se desarrollarán centros acuícolas y granjas piscícolas, y ampliará la infraestructura pesquera, promoviendo tecnologías adecuadas y el fortalecimiento de las sociedades cooperativas.

Se concertarán acciones con los sectores social y privado, en un esquema de estímulos y compromisos, favoreciendo a productores agroindustriales, sobre todo del sector social.

Inducción.- Se otorgarán estímulos fiscales y apoyos tributarios, a concursos de alta productividad de maíz, frijol, trigo y arroz, tasas de interés preferenciales por tipo de productor y producto, y por tipo de crédito, fomentando los productos básicos agropecuarios.

Se instaurarán sistemas de premiación y estímulos que permitan incidir en la adopción de tecnologías apropiadas a las condiciones y necesidades del país.

Se promoverá la industria forestal nacional, en especial celulosa y papel, con los instrumentos de política arancelaria y fiscal.

Se fomentará la producción y el consumo de productos acuícolas en las zonas rurales.

Se promoverá la participación de los productores organizados con el fin de que asuman compromisos en la ejecución y operación de las plantas agroindustriales, y la adopción de contratos globales de comercialización agroindustrial, que equilibren las relaciones de intercambio entre los productores primarios y las empresas transformadoras y comercializadoras.

En ordenamiento ecológico en las áreas rurales, se prpopiciará la participación ciudadana en el aprovechamiento y manejo racional de los recursos hidráulicos y, en general, de los recursos naturales y en los proyectos de ordenamiento ecológico en las áreas rurales.

6.5 Empleo e Ingreso. Obligación.- Se priorizarán las actividades del medio rural que generen mayor número de jornadas y empleos permanentes, y se fomentará la agroindustria e industria rural, en general.

Se incrementará la productividad en las actividades primarias y su integración a las fases de transformación y comercialización, que se traduzcan en mayores empleos e ingresos.

Coordinación.- Se apoyarán los Programas Estatales de Empleo, especialmente en lo que se refiere al sector primario. Se promoverá el establecimiento de bolsas de trabajo.

Concertación.- Se fomentará la capacitación y la organización económica de los productores que mejore el aprovechamiento de los apoyos institucionales. Se procurará la integración horizontal y vertical de las actividades productivas y se promoverán paquetes productivos a nivel familiar.

Inducción.- Orientar la inversión pública en el campo a obras de infraestructura que generen empleo e ingreso.

Orientar las políticas de precios de garantía, estímulos fiscales y de comercio exterior, a que protejan y apoyen la creación de empleo rural. Impulsar programas de capacitación de productores y asalariados del campo.

Aplicar una política de precios justa y redistributiva para los productos agropecuarios y forestales. Fortalecer el abasto rural a través del sector  social, que proteja los ingresos de las familias campesinas.


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7. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Sintetizan el esfuerzo del sector público en el agro, y constituyen pautas orientadoras para los sectores social y privado.

Los proyectos estratégicos de otros sectores de la Administración Pública, se encuentran en sus programas de mediano plazo.

Proyectos Estratégicos del Sector Agricultura y Recursos Hidráulicos.

7.1 Producción Agrícola. Fomento a la Producción de Maíz.- Se promoverá la autosuficiencia en maíz mediante el incremento en su producción y productividad, atendiendo prioritariamente a las áreas de temporal. Para tal fin, se integrarán paquetes tecnológicos de acuerdo a las condiciones de cada zona; se darán a los productores servicios de asistencia técnica y capacitación permanentes y se promoverá la investigación de semillas mejoradas, en cada región, liberándose nuevas variedades. Se fomentará la mecanización a nivel parcelario, en áreas compactadas; para los minifundistas, se apoyará y promoverá el uso de equipo adecuado a sus condiciones. Se incluye asistencia para evitar mermas y pérdidas poscosecha.

Las acciones del proyecto se desarrollarán a nivel nacional.

Reincorporación de Áreas Productivas.- Se incorporarán a la producción de tierras ociosas e insuficientemente explotadas, que incrementen la producción, y se realizarán estudios técnicos en los distritos agropecuarios con más áreas subaprovechadas. Se incluye la conservación del suelo y agua, pequeñas obras de infraestructura y fertilización orgánica, entre otras acciones.

Impulso a la Producción de Arroz en el Sureste.- Se fomentará el cultivo mediante la aplicación de apoyos que complementen la infraestructura básica, conservación de suelo y agua e impartición de asistencia técnica intensiva.

Se promoverá la investigación y producción de semillas mejoradas adaptadas a la zona y el abasto de insumos, mecanización, sanidad vegetal y beneficio del producto.

El proyecto se realizará en Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

Impulso a la Productividad de Oleaginosas en Temporal.- Se incrementará la producción y productividad de cártamo, ajonjolí, soya, girasol, cocotero y cultivos no tradicionales como la colza y la palma africana, cultivadas en temporal, ayudando a satisfacer la demanda interna y disminuir importaciones, vía la promoción de unidades de producción intensiva en áreas compactadas, a las que se dará asistencia técnica para la preparación de tierras, siembra, cosecha, transformación y comercialización; se realizarán obras de conservación de suelo y agua, y programas permanentes de sanidad vegetal.

Impulso a la Producción de Yuca.- Se apoyará su cultivo, producción, productividad e industrialización, para contribuir a satisfacer los requerimientos de alimentación de monogástricos y  coadyuvar a reducir importación de sorgo. Para ello, se fomentará en el trópico húmedo, con asistencia técnica, organización de los productores, ampliación de líneas de crédito y seguro, construcción de infraestructura e instalación de plantas agroindustriales; a través de ALBAMEX se impulsará su comercialización y se establecerán precios idóneos para su crecimiento.

Se fomentará la investigación agronómica, a fin de liberar nuevas variedades que propicien el incremento de la productividad.

Las acciones se llevarán a cabo en Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y algunas zonas de Jalisco.

Desarrollo del Trópico Húmedo.- Se aprovecharán en forma racional los recursos naturales de estas zonas, concluyendo los estudios básicos para definir los perfiles, que sirvan de base a las evaluaciones para identificar proyectos en zonas con potencialidad. Se ampliarán y reforzarán la investigación, conservación de suelo y agua, construcción de obras de infraestructura y viveros, asistencia técnica, organización de productores, capacitación y divulgación, comercialización, almacenamiento y transporte.

Las acciones se llevarán a cabo en Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, san Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo.

Apoyo a Zonas de Alta Siniestralidad.- Se promoverán y se inducirán alternativas de producción en estas zonas, mediante estudios que permitan identificar, formular y ejecutar proyectos integrados de desarrollo con participación de los productores, articulando los recursos de inversión pública, crédito, estímulos y servicios.

El proyecto tendrá alcance nacional, identificándose por estado las regiones prioritarias de atención.

7.2 Producción Pecuaria. Incremento a la Productividad Pecuaria.- Se incrementarán los rendimientos en la producción de carne y leche y se procurará transformar la ganadería extensiva en intensiva, sobre todo la que se desarrolla en el trópico y las zonas de temporal. Se impulsarán explotaciones ganaderas modulares en áreas compactadas con potencial productivo, fomentando el uso de esquilmos y subproductos agrícolas, y se establecerán praderas cultivadas con pastos de mayor rendimiento y adaptabilidad.

Se darán créditos para la adquisición de maquinaria y equipo y se construirán obras de infraestructura. Se otorgará asistencia técnica, control sanitario y abasto oportuno de insumos, con prioridad a los productores del sector social.

El proyecto se desarrollará a nivel nacional, con las variantes que impongan las zonas beneficiadas.

7.3 Producción Forestal. Plantaciones Comerciales y Reforestación para la Restauración de Suelos Degradados.

Se aumentará el coeficiente forestal para satisfacer las necesidades futuras de madera, proteger las cuencas hidrológicas y restaurar suelos degradados, con acciones de reforestación, establecimiento de plantaciones forestales comerciales, y de producción de plantas para utilizarlas en recuperación de suelos degradados.

El proyecto se ejecutará prioritariamente en Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala, y en las zonas forestales del Distrito Federal.

7.4 Agroindustrias. Desarrollo de la Agroindustria Integrada.- Se fomentará la incorporación de los productores primarios al beneficio, transformación y comercialización de sus productos, para lo cual se desarrollará la agroindustria primaria, intermedia y de bienes finales, principalmente del sector social, en actividades, regiones y productos prioritarios. Se dará atención especial a la comercialización de los productores, como un criterio básico de factibilidad de los proyectos, y se propiciará, a través de convenios con los productores, el acceso a los mercados del sector público.

El proyecto realizará en todo el país, en base a perfiles elaborados conjuntamente con las organizaciones de productores.

7.5 Investigación y Desarrollo Tecnológico. Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Sector Agropecuario y Forestal.- Se fomentará la investigación tecnológica básica y aplicada para el medio rural, con el propósito de lograr mayores niveles de productividad en la actividad del sector.

En agricultura, las investigaciones se orientarán a la generación de paquetes tecnológicos para básicos y oleaginosas y a la producción de alimentos alternativos para el consumo humano. En lo pecuario, se orientarán a generar tecnologías autónomas, con prioridad en el desarrollo de líneas genéticas puras en aves y cerdos; se propiciará el mejoramiento genético de ovinos y caprinos; se fomentará el uso de alimentos alternativos para consumo animal, y se aplicarán a los procedimientos en el manejo de los hatos, los avances en sanidad animal. En lo forestal, la investigación se orientará a produccion de celulosa, sanidad forestal y creación de tecnologías para un mejor aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables.

Proyectos Estratégicos del Sector Reforma Agraria

7.6 Tenencia de la Tierra. Catastro Rural y Regularización de la Tenencia de la Tierra.- Se realizarán estas acciones, con el fin de definir, por estado, los excedentes repartibles. Se organizarán y supervisarán, por las oficinas estatales y regionales, el catastro, con apoyo de las organizaciones campesinas y propietarios rurales.

El proyecto se ejecutará en todo el país, con el catastro rural en más de 830 mil predios; dotación, confirmación y titulación de bienes comunales, por 1.6 millones de ha; expedición de 375 mil certificados de derechos, depuraciones censales e investigaciones generales de usufructo parcelario.


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8. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

El cumplimiento de los propósitos, objetivos, estrategias, metas y líneas de acción del PRONADRI 1985-1988, requiere el esfuerzo coordinado de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que inciden en el medio rural.

Como se señaló en el capítulo de instrumentación, en la vertiente obligatoria, se promoverá el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades específicas de cada sector en la ejecución de este Programa. Para ello, se establecieron foros e instancias donde se articulará y dará congruencia a las acciones orientadas al desarrollo rural integral.

8.1 Mecanismos e Instrumentos para la Coordinación Intersectorial.- Los ajustes que requiera el Programa, se discutirán en los Gabinetes Especializados, principalmente en el Gabinete Agropecuario, órgano asesor del Ejecutivo Federal, instancia que permitira conciliar y coordinar la participación de las dependencias que concurren al fomento de la actividad productiva en el campo.

Las políticas intersectoriales que se discuten en su seno, incluyen producción y productividad agropecuaria y forestal, producción y distribución de insumos, fertilizantes, semillas y plaguicidas, maquinaria y equipo, prestación de servicios de asistencia técnica, capacitación y organización de productores, financiamiento y aseguramiento, precios de garantía y subsidios, entre otros.

Se analiza la problemática de costos de producción, del transporte, almacenamiento, comercialización y abasto agropecuario y forestales, para coadyuvar a definir programas de regulación y estímulo a productos prioritarios.

En el Sistema Nacional de Planeación Democrática, la Secretaría participará en el Comité Técnico para la Instrumentación del Plan, manteniendo la congruencia necesaria entre el Plan Nacional de Desarrollo y el PRONADRI, y entre los instrumentos y políticas de corto plazo de los programas estratégicos anuales, los Programas Operativos y los presupuestos anuales.

Se dará especial atención a la congruencia entre las estrategias de la política alimentaria de la Comisión Nacional de Alimentación y las que se establezcan en el proceso de su instrumentación.

Para dar coherencia y lograr la adecuada programación financiera y del gasto público para la ejecución del Programa, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos estrechará la coordinación con las Secretarías de Programación y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, a través de la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento, apoyando sus análisis y recomendaciones sobre el presupuesto y financiamiento del desarrollo rural integral.

Para lograr los objetivos de bienestar social, se fortalecerá la coordinación con las Secretarías de Salud, Educación Pública, Desarrollo Urbano y Ecología, Comunicaciones y Transportes y Comercio y Fomento Industrial, en el marco del COTEIP y los respectivos Sistemas Nacionales.

Se apoyarán las acciones del Sistema Nacional de Salud, educación para la salud, nutrición, planificación familiar, control sanitario y asistencia social, entre otros.

En el Sistema Nacional de Educación, se apoyarán los programas de estudios que consideren las características del campo.

En el Sistema Urbano Nacional, habrá liga con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en la realización de acciones que conduzcan a mejorar la calidad de vida de la población del medio rural, apoyando proyectos orientados a una mejor distribución de la población, mejoramiento ecológico de las zonas rurales y satisfacer las necesidades de vivienda.

En los Sistemas Nacionales de Comunicaciones y Transportes, se realizarán acciones para coadyuvar en las tareas de ampliación y mejoramiento de la red de comunicaciones y caminos rurales, y la construcción de enlaces transversales, que amplíen el acceso entre zonas productoras y consumidoras e incorporen las comunidades rurales a los beneficios del desarrollo. También se participará en programas de desarrollo y racionalización del autotransporte con criterios de complementariedad multimodal, para asegurar la oportuna distribución de los productos agropecuarios, forestales, acuícolas y agroindustriales, y de los insumos que se requieran.

En el Sistema Nacional para el Abasto, se participará en las tareas dirigidas al apoyo de los productores rurales en la comercialización agropecuaria, forestal y agroindustrial, y en la construcción de bodegas y almacenes a nivel de las unidades productivas, y en la ampliación de la cobertura de los sistemas de distribución de la CONASUPO.

Destaca la coordinación con la Secretaría de la Reforma Agraria en el desarrollo de acciones para apoyar la estrategia de entrega de tierras y regularización de la tenencia, organizando campesinos, la construcción de obras de infraestructura, social y productiva, la canalización de créditos, la asistencia técnica y el abastecimiento eficiente de insumos y servicios.

En acuacultura y pesca ribereña, se colaborará con la Secretaría de Pesca para aprovechar integralmente los cuerpos de agua y la infraestructura para el impulso de la acuacultura.

La coordinación intersectorial, en el ámbito estatal, se llevará a cabo en el marco del Convenio Único de Desarrollo, a través de los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo (COPLADES), mecanismo de coordinación intergubernamental en el que se conciliarán los criterios de planeación nacional del desarrollo rural, con las propuestas de los sectores de la Administración Pública Federal que participan en la instrumentación del Programa, y con las prioridades y estrategias de los Planes Estatales de Desarrollo, considerando las demandas de los sectores social y privado en materia de desarrollo rural.

8.2 Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral.La Secretaría participará en la coordinación intersectorial derivada del Programa,  en el contexto del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, cuyo objeto es conducir, de manera articulada y congruente, las actividades de formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación del Programa, en su ámbito de competencia, dentro del proceso integral de planeación democrática y participativa, que ha venido promoviendo la actual Administración.

Ahí, las relaciones con las dependencias y entidades de la APF se establecerán concertando acciones en Comisiones Intersectoriales y foros instituídos para tratár lo relacionado con las actividades productivas y de bienestar social rural, en el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

En el ámbito estatal y regional, los COPLADES serán el vínculo de coordinación y participación de los sectores público, social y privado para instrumentar y ejecutar el Programa. En este nivel, la Secretaría participará con sus Delegaciones Estatales, conforme a las normas y lineamientos que se definan para el efecto.

Los Distritos Agropecuarios y Forestales, serán las células básicas de la planeación, para que ésta adquiera carácter operativo. A la vez, serán la unidad geográfica de coordinación para el manejo de recursos federales dirigidos a promover actividades productivas y de transformación, distribución y comercialización de alimentos, y las relativas al consumo y nutrición, con el propósito de asegurar la concurrencia integral y coordinada de los servicios y apoyos del Estado para la consecución de los objetivos del Programa. Lo anterior permitirá unificar en una instancia la coordinación, a nivel operativo, dando congruencia y unidad a la acción de las distintas instituciones públicas, federales y estatales, que intervienen en el desarrollo rural.


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9.  MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

En las actividades básicas para cumplir el PRONADRI, destaca la modernización administrativa de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, que apoyan el logro de los objetivos, estrategias y metas del Programa.

Su modernización implica la desconcentración y descentralización, reestructuración administrativa, simplificación de procedimientos, capacitación, y la administración y desarrollo del personal, a fin de contar con la estructura orgánico-funcional necesaria para apoyar en forma eficiente al agro.

9.1 Sector Agricultura y Recursos Hidráulicos.- Para el sector coordinado por la Secretaría, se definieron tres lineamientos de estrategia, a nivel central, estatal y distrital.

El central, como área normativa, realizará la planeación, control y evaluación globales.

El estatal, coordinará las actividades operativas de los distritos, y establecerá la vinculación con COPLADES y organizaciones de productores.

En el distrital, convergerán las acciones operativas de la Secretaría; así, los distritos agropecuarios y forestales serán el conducto para la coordinación con los Comités Municipales de Planeación y las organizaciones de productores ubicados en su área de competencia.

Esta estrategia permitirá asignar el presupuesto directamente a la instancia que ejecute los programas, acercar en tiempo y espacio los servicios a los usuarios, y redistribuir el presupuesto, a favor de  las actividades de fomento a la producción y al desarrollo social y rural.

En materia de desconcentración y descentralización administrativa, se instrumentará un vigoroso proceso para transferir facultades, funciones, programas y recursos, de las áreas centrales hacia las delegaciones estatales; de éstas hacia los distritos agropecuarios y forestales; de las comisiones ejecutivas descentralizadas hacia las delegaciones estatales y distritos agropecuarios y forestales, y de la Secretaría a los Gobiernos Estatales, en el marco del Convenio Único de Desarrollo.

Para reestructurar la función administrativa, se definirán a nivel central dos criterios de agrupamiento orgánico, uno general, que estará reservado para las áreas internas de apoyo global, las que llevarán a cabo funciones normativas y de definición de políticas, así como de seguimiento, control y evaluación globales, en los niveles nacional, regional y sectorizado (entidades paraestatales), y  otro, por especialidad, será asignado a quienes realicen funciones técnico-normativas, por sector.

Las delegaciones estatales se organizarán para aplicar las normas a las actividades de fomento a la producción agropecuaria y forestal; la construcción de infraestructura hidráulica y atender actividades sustantivas que rebasen el ámbito de los distritos.

Se buscará la desconcentración de las entidades paraestatales que coordina la Secretaría, a donde realizan sus actividades productivas y/o de servicios, y se reorientará su funcionamiento conforme a los nuevos requerimientos. Se reorganizarán los distritos de riego y de temporal, y los agropecuarios y forestales para transformarlos, en el mediano plazo, en distritos de desarrollo rural.

Se institucionalizará un proceso permanente de simplificación administrativa para actualizar, abrogar o elaborar, según sea el caso, los ordenamientos jurídico-administrativos, a fin de dotar de autoridad y responsabilidad a delegaciones estatales y a distritos agropecuarios y forestales.

Para ello, se establecerán centros únicos de atención de demandas de los usuarios, y se formularán normas y sistemas de control de gestión ágiles y eficientes, eliminando burocracia.

Cumplir las funciones que implica el Programa, exigirá un gran esfuerzo de capacitación, a productores, principales beneficiarios de la acción de la Secretaría, y a los trabajadores, responsables de ejecutar las diversas acciones de la misma.

Administrar y desarrollar personal precisa una política que articule su planeación, empleo, remuneración, relación jurídico-laboral, prestaciones, servicios, capacitación, motivación, información y evaluación del personal.

9.2 Sector Reforma Agraria.- La modernización administrativa del sector coordinado por la Secretaría de la Reforma Agraria se prevén cuatro políticas: simplificación, adecuación del sistema de atención al público, y desconcentración, descentralización, y desarrollo informático.

En simplificación administrativa, se realizarán las tareas tendientes a eliminar excesos de reglamentación en las tareas agrarias, y las orientadas a modernizar los servicios administrativos internos del sector.

En adecuación del sistema de atención al público, se faciltará la relación de la Secretaría con campesinos y organizaciones de productores, para hacerla ágil, eficiente y oportuna, a fin de  resolver las demandas y requerimientos externos.

En desconcentración y descentralización, se sumarán funciones y responsabilidades a las Delegaciones, para que buena parte de las acciones, la realicen servidores agrarios en contacto directo con los campesinos. Además, se fortalecerán las funciones normativas, de apoyo, control y evaluación, a cargo de las instancias centrales.

Mediante el desarrollo informático se mantendrá actualizado el sistema de manejo de datos, que permita la expedición masiva de títulos, documentos y constancias que apoyen las tareas de catastro y regularización de la tenencia y usufructo de la tierra.


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10. CONTROL Y EVALUACIÓN

Para el análisis y seguimiento de los avances y resultados que deriven de la instrumentación del PRONADRI, se establecerán mecanismos de control y evaluación con los cuales se verificará periódicamente el cumplimiento de objetivos, estrategias, metas y acciones.

El control y la evaluación del Programa se llevarán a cabo por los distintos niveles de la Administración Pública Federal, por los tres órdenes de Gobierno y por las organizaciones de productores involucrados en su instrumentación.

Los mecanismos se definirán en tres niveles de acción:

El control normativo y administrativo se orientará a vigilar la observancia de las normas, disposiciones legales, mecanismos y procedimientos establecidos para el desempeño de las actividades de la Secretaría y de sus entidades coordinadas, procurando el cumplimiento de los objetivos y metas contenidas en el Programa.

Se vigilará y supervisará la eficacia, transparencia, racionalidad de las acciones y el correcto uso y destino del presupuesto, y se propondrán ajustes en procedimientos y se adoptarán medidas correctivas para el cumplimiento de las funciones asignadas al sector; para ello, en base a la normatividad de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, se coordinarán Contraloría Interna de la Secretaría, unidades de control de las Delegaciones Estatales y las de las entidades coordinadas sectorialmente.

La evaluación normativa y administrativa, en base a los resultados del ejercicio de control, generará los elementos programáticos, presupuestales y de cumplimiento de funciones administrativas, que permitan valorar el avance en la ejecución de los lineamientos y procedimientos establecidos, para mantenerlos actualizados y acordes a los requerimientos del sector, en lo programático presupuestal y administrativo.

El control económico y social está destinado a vigilar que la ejecución del Programa se dirija a la realización de sus objetivos y prioridades. Así, se mantendrá la congruencia entre el Programa, los programas operativos anuales, y sus presupuestos.

Con el análisis de los resultados derivados de estas tareas, se detectarán desviaciones o incongruencias a fin de que se adopten los ajustes, correcciones y rectificaciones necesarias y oportunas.

La evaluación económica y social comprende acciones dirigidas a valorar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de los objetivos y metas, a partir de los resultados anuales de ejecución de programas y proyectos, en variables prioritarias, como el impacto en el medio rural de las políticas del PRONADRI, en términos de bienestar social, producción, empleo, ingreso y consumo.

Asimismo, permitirá analizar periódicamente su incidencia en el contexto de la economía nacional, y retroalimentar el proceso de planeación.

Conforme al marco normativo descrito, el control y la evaluación del PRONADRI se llevará a cabo en tres niveles geográficos: nacional, estatal y distrital.

A nivel nacional se realizará a través de la vinculación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que participan en el Gabinete Agropecuario, el Comité Técnico para la Instrumentación del Plan (COTEIP), la Comisión Nacional de Alimentación y el Comité de Consulta y Concertación para la Planeación, que integra a representantes de las organizaciones sociales involucradas en la instrumentación del PRONADRI.

A nivel estatal, el control y la evaluación se efectuarán en los órganos regionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo, y con las organizaciones y asociaciones regionales de productores, en el marco del Convenio Único de Desarrollo.

A nivel distrital, se llevará a cabo en los distritos Agropecuarios y Forestales, en coordinación con los órganos operativos de las dependencias y entidades, federales, estatales y municipales, y con las organizaciones de productores.

Los municipios participarán en el proceso, a través de una relación estrecha en los Comités Técnicos y directivos de los Distritos.

Para estas tareas se implantarán mecanismos que verifiquen el cumplimiento de las normas técnicas, metodológicas y los plazos asignados a la ejecución de lo planeado; ello precisará la estrecha coordinación entre los responsables del PRONADRI, en todos los niveles.

FIN

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